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A medida que la Ley de Financiamiento ha surtido su camino en el Senado de la República, ha ido sufriendo cambios sustanciales en su composición, que responden a las preocupaciones de senadores, gremios y población en general. Sin lugar a duda, el cambio más importante hecho hasta la fecha, es el desmonte de la ampliación del IVA a los productos de la canasta familiar básica, lo que conlleva a la necesidad de cubrir el déficit presupuestal de otra forma.
Desde Acopi, consideramos que la solución para estas brechas en el presupuesto no debe generar desequilibrios en el consumo de los colombianos ni en el desempeño del sector empresarial. Es necesario plantearse estrategias innovadoras, que permitan al gobierno utilizar los recursos que recogen a través de entidades privadas, que hoy son autosuficientes independiente de esos aportes. En este sentido, vale la pena resaltar el gran trabajo que las cajas de compensación creadas por los gremios empresariales (Acopi, Andi y Fenalco), han desarrollado para los trabajadores durante los más de 60 años que tienen en funcionamiento. Actualmente estas entidades generan ingresos de aproximadamente $17 billones, de los cuales los Aportes hechos por empresas solo representan 36% ($6,3 billones); demostrando así, la alta capacidad financiera que tienen.
Se podría explorar la posibilidad, que parte de los aportes realizados por las empresas, sean usados por el gobierno para financiar el presupuesto, siempre y cuando los dineros tengan un destino acorde a la exigencia tributaria. Es decir, si los aportes son para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, lo que se recaude debe invertirse en programas que apunten a este fin, tales como transporte y educación pública de mejor de calidad, que serían percibidos de mejor manera por parte de la clase media trabajadora.
Con el fin anterior, las compensaciones que se propongan respecto al consumo de los trabajadores podrían ser asumidas a través de esos recursos, y no directamente por las empresas. claramente hacemos referencia al proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión Séptima, y que busca que los empleados que ganen hasta tres salarios mínimos reciban una prima equivalente a 15 días de trabajo, la cual debería cubrirse directamente con los aportes que reciben las cajas.
Desde Acopi, reiteramos la importancia que la inversión social estatal tiene para el desarrollo del país; sin embargo, los empresarios no pueden ser gravados de forma desmedida, cada vez que exista un déficit, porque de esa forma se restringe el crecimiento de la economía. Es deber del Estado, estudiar su estructura de gasto e ingresos, para mejorar su eficiencia y promover una verdadera política fiscal que evite la constante emisión de reformas tributarias.
Hacemos un llamado, para que las instituciones públicas y privadas que tienen relación con el funcionamiento del Estado, mejoren en términos de eficiencia presupuestal, dado que muchas de sus funciones se repiten entre las mismas, y ha generado una atomización de los cargos, que termina por encarecer al mismo gobierno.