Lo mejor es enemigo de lo bueno

El presidente Duque ha tenido que dedicarse a poner la casa en orden, recibió una bomba de tiempo que le puede estallar en las manos, y el país no puede pretender que en 100 días corrija ocho años de desastres. Aun no es tarde para un corte de cuentas, los colombianos tienen que saber qué país encontró Duque, de otra manera lo van a culpar del caos que heredó.

Para la opinión pública resulta difícil aceptar una ley de financiamiento, donde se les pasará cuenta de cobro por el derroche y la corrupción del pasado, fiesta de pocos que todos pagaremos.

Hecho lo anterior y aunque resulte doloroso, el Gobierno tiene la obligación de hacerle una profunda liposucción al Estado, es fundamental recortar el tamaño del aparato burocrático y recortar el gasto público en 6%, en todos los sectores, ahí están los $14 billones del déficit actual.

Reducir el tamaño del Estado, combatir la corrupción y la evasión, tienen que ser los puntos de partida de la ley de financiamiento. Si bien es cierto que hoy, 58% de los productos de la canasta básica tienen IVA, ampliar ese impuesto es muy impopular, así lo evidencian las últimas encuestas.

Técnicamente pueden tener razón, es injusto que los más ricos estén exentos de IVA, y es posible que los deciles más pobres de la población puedan recibir, por adelantado, la devolución del IVA, incluso un valor superior a lo que van a gastar por ese concepto. La intención de la ley es cubrir el déficit por la vía del IVA, impuesto de fácil recaudo, pretende convertirlo en un impuesto menos regresivo y más progresivo.

Pero el problema no es técnico, el problema es político. Gravar con IVA la canasta básica no solo es difícil de comunicar, también es difícil cumplir con la devolución y se corre el riesgo de estimular la evasión y la informalidad. Me preocupa que el Gobierno se quede con el pecado y sin el género.

Por eso es urgente un plan B, una alternativa, que tendrán que pulir los econometrístas, pero el Ministro debe contemplar la posibilidad de:

1) Crear un impuesto a las transacciones financieras a partir de cierto monto, para no afectar a los más pobres.

2) Obligar, a que todos los pagos superiores a $10 millones tengan que hacerse a través del sector financiero. La ley no puede admitir, como prueba de pago, el dinero en efectivo. Esto obliga a transparentar la economía y a bancarizar al país.

3) Dicho impuesto, debe ser descontable del impuesto a las ventas, para que el gravamen solo recaiga sobre los que no tributan o son evasores.

Es bien sabido que “lo mejor es enemigo de lo bueno”, de nada nos sirve sacar adelante una gran reforma, que en el corto y mediano plazo nos permitirá sanear las finanzas del Estado y cubrir el déficit, si la misma se llevará por delante la popularidad del Presidente, del Gobierno y del Partido de Gobierno. De nada nos sirve una reforma técnicamente responsable, pero políticamente inviable, que nos va a impedir avanzar en las elecciones locales que se aproximan. De nada nos sirve una gran reforma, si con ella abrimos las puertas a que la izquierda llegue a destruirlo todo.

En definitiva, es mejor una reforma moderada, enfocada en recortar el gasto y reducir la evasión, que estimule la formalización y el crecimiento económico y que no se perciba como un ataque a los más pobres y a la muy golpeada clase media. Definitivamente, como diría don José Ortega y Gasset, hay veces que los arboles nos impiden ver el bosque.