Víctimas del Consejo de Estado

Tenía razón el Presidente Duque cuando propuso reformar las altas cortes. Necesidad nuevamente demostrada con el fallo del Consejo de Estado condenando a la Nación por el atentado al Club el Nogal. Mucho daño ha hecho, la perversa visión, para algunos progresistas, de considerar al Estado el responsable de todo. Esa postura, tan propia del populismo de izquierda, resulta altamente regresiva, privilegiando los intereses particulares en detrimento del bien común.

Los “progres”, que no conocen la dificultad de producir, creen que los recursos públicos provienen de una fuente ilimitada, y que por eso, el Estado tiene la obligación de satisfacer todas las necesidades -y hasta los caprichos- de los ciudadanos. Casos tan absurdos, como decisiones judiciales que obligan al Estado a pagar costosas cirugías estéticas, incluso de cambio de sexo -alegando la garantía al libre desarrollo de la personalidad- impiden la satisfacción de necesidades apremiantes que vulneran derechos -esos sí fundamentales- como la falta de acceso al agua potable o a un sistema de salud para poder sobrevivir.

El populismo judicial, como el legislativo, cree, que a través de leyes o sentencias, se solucionan los problemas. Esa actitud, ingenua o malintencionada, hace inviable al Estado. Responsabilizar a la Nación por no haber podido evitar los atentados de un grupo terrorista, al que hemos combatido con gran esfuerzo -humano y económico- es injusto e irresponsable. Las reiteradas sentencias condenando al país por hechos inevitables y obligándolo a hacer lo imposible, significan un alto desgaste institucional y un abuso al bolsillo del contribuyente.

Es absurdo concluir que se pudo impedir la masacre del Nogal, alegando que había: “informes de inteligencia que daban cuenta de un inminente atentado terrorista de las Farc en Bogotá, en febrero de 2003 y por omitir esos reportes no se previno el ataque contra el exclusivo club El Nogal”. Y peor aún, justificarlo, diciendo que: “quedó establecida la utilización de las instalaciones del club privado con fines institucionales, pues se adelantaron reuniones de altos funcionarios del Estado, auspiciados por el Ministerio del Interior, y se comprobó la pernoctación de la ministra de Defensa de la época en el lugar donde se produjo el ataque.”.

Esas decisiones, con claro interés político y económico, harán de Colombia un Estado fallido. Según la SIC hay más de 600.000 procesos contra entidades públicas, cuyas pretensiones alcanzan los $326 billones, cifra equivalente al 50% del PIB. Ningún país, por rico que sea, está en capacidad de evitar todos los riesgos, ni de reparar todos los daños causados por terceros. Es urgente una reforma judicial que ponga límite a los abusos contra el Estado, y al paso que vamos, que defienda a los colombianos de sus propias cortes.