Demanda indispensable

El crecimiento y evolución del gas natural en Colombia ha pasado por estados de impulso y desarrollo, etapas de explosión en su crecimiento y calificación de proceso revolucionario, de estancamiento y pérdida de valor, de expectativas de energético de transición energética y actualmente de importación y déficit inminente. Durante sus más de tres (3) décadas, posteriores al Conpes 2572, que definió el Plan de Masificación del uso del gas natural en 1991 y que impulsó, entre otras acciones, la inversión en la infraestructura de transporte para acceder a los mercados, la demanda de gas llegó a todos los sectores económicos y sociales del país, cambiando profundamente el panorama energético, en el cual el sector industrial es crucial.

Para los usuarios no regulados, diferentes a la generación eléctrica a gas, contar con la disponibilidad real, constante y anticipada de gas natural a precios competitivos es fundamental, pues la industria y el comercio se abastece en su canasta energética en promedio en cerca de 25% de gas natural (1) y demanda 27% de la oferta del mismo, con muy pocas opciones de sustitución en otros combustibles, y que cuando enfrenta emergencias por abastecimientos de gas natural, se inclina naturalmente hacia la energía eléctrica aumentando su consumo directo de electricidad, proporcionalmente. Cuando hay eventos coyunturales de desabastecimiento en el mercado, ya sea por mantenimientos, emergencias en producción o transporte de gas, e incluso amenazas de riesgos en las redes de distribución, debido a la falta de oferta suficiente y a las restricciones de intercambio en los submercados internos en el país, el gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, debe y lo ha hecho reiteradamente, ordenar la prioridad de abastecimiento entre los usuarios, estableciendo con diversos criterios la denominada demanda esencial. Toda aquella que no sea térmica o de usuarios no regulados, o grandes usuarios principalmente industriales está al final de la fila. Así se enfrentan ocasionalmente racionamientos y/o desabastecimientos de estos usuarios, a pesar de tener contratos firmes, presentan una demanda constante y son base fundamental en la remuneración del sector.

Actualmente, dada la evidente situación de desbalance y próximo desabastecimiento estructural que venimos advirtiendo en los dos últimos años, se están discutiendo medidas contradictorias de política, planeamiento, regulación enfocados en abastecer la denominada demanda esencial, pero dejando de lado el aseguramiento y confiabilidad del mercado en pleno, es decir, de la demanda industrial, que sí bien no entra en las prioridades del gobierno sí es crítica para continuar con el desarrollo económico, y que sí lleva a destrucción de demanda, difícilmente recuperable. La demanda de gas natural en la industria no será esencial en la fila en los momentos de racionamientos, pero es indispensable para el país no solo en su producción actual sino en sus políticas de reindustrialización y transición energética incluyendo la autogeneración, y es responsabilidad de las autoridades instrumentar las condiciones y esquemas para generar su seguridad energética, que, como ya todos sabemos, incluye acceso, disponibilidad y precio eficiente.

¿Qué espera la demanda? Poder gestionar el alto riesgo que enfrenta y que el gas natural sea accesible y seguro, más allá de la discusión sobre si proviene de oferta doméstica y sus campos Costa Afuera, o si es del mercado internacional, sea este LNG regasificado de la planta actual o de plantas futuras, sea de Venezuela o de cualquier parte del mundo, pero eso sí es esencial, que sea pronto y con precios de gas controlados para el mercado interno.

_{1 El consumo del sector industrial (sin tener en cuenta el sector petroquímico) alcanzó un valor total de 268 Gbtud, de los cuales 60 Gbtud (22,3%) se consumieron en la Costa Caribe y 208 Gbtud (77,6%) en la región del Interior del país. Los departamentos más destacados en el consumo industrial son Cundinamarca (15,1%), Boyacá (14,2 %), Valle del Cauca (12,5 %), Atlántico (11,9 %), Antioquia (8,8%) y Bogotá (9,7 %).}