Promesas

Los usuarios de energía de Colombia han sido pacientes, han aguardado con entereza el cumplimiento de una serie de anhelos que hoy se perciben como promesas por (in)cumplir: energía competitiva, proyectos de generación oportunos y económicos, líneas de transmisión que entren en fechas programadas, más energía en competencia y menos generación de seguridad, con un portafolio de recursos y tecnologías sostenible y sustentable, con la hoy más importante e icónica obra de infraestructura que nos tiene en vilo: Hidroituango.

Todos hemos profundizado en estos días en la importancia, relevancia, impacto y esperanza que representa como generación eléctrica. Resaltando que como proyecto de ingeniería y de obra civil es monumental, y con un avance y un progreso irreductible; pero con básicamente poco adelanto en la producción de energía, sin poder, aún, usar el agua acaudalada en esta gran presa. Con una larga historia de promesas inconclusas, con asignaciones de confiabilidad tanto en 2008 como en 2012 y en 2019.

Vale la pena aclarar que los estudios del proyecto iniciaron desde 1974 y no fue hasta 2009 que se le otorgó la licencia ambiental, hoy suspendida, para empezar la construcción en 2010. Promesa ideal: se preveía que en el año 2018 iniciaría operaciones, pues se esperaba funcionaran 300 MW en ese año y en el 2019 otros 900 MW, para un total de 1.200 MW es decir el 50% de Hidroituango. La segunda fase, los otros 1.200 MW, entrarían divididos, a su vez, en una primera mitad en el 2021 y los restantes 600 MW en el año 2022. Al no poder cumplir esto - una primera promesa rota -, en abril de 2018 se presentó un evento desafortunado que desembocó en una difícil decisión, y se inundó la casa de máquinas, se aplazó su operación dejando el corazón energético herido.

Consecuentemente esto ocasionó que se aplicaran en el 2019 las garantías del Cargo por Confiabilidad que respalda a los usuarios, tal como se ejecutó para otra planta de EPM en 2011. Una garantía que alivió al usuario en un menor valor de restricciones en la tarifa, pero que dejó a la demanda con la incertidumbre y un mayor precio en el mercado. En su momento otras plantas también se habían descartado: Termocol, Porce IV y Miel II.

El Gobierno reaccionó y asignó una nueva subasta de confiabilidad en 2019 para reemplazar a Hidroituango, entre otros, con otra parte de Hidroituango, dos plantas a gas, y una hidroeléctrica - ya hoy desechadas por incumplimiento-, todas con la expectativa de entrar en diciembre de 2022. De la misma manera, empezó la contratación de largo plazo de las renovables (Fernc) para entrada teórica en enero de 2022, pero con dos años de plazo de gracia. En este marco es llamativo, por decir lo menos, que el Plan de Expansión de la Upme contemple escenarios con solo 50% de Hidroituango, promesa a la mitad.

Hasta ahora, sí un proyecto acumulaba más de un año de retraso reportado por un auditor, se ejecutaban las garantías que reducen la tarifa al usuario y disparan las acciones para reemplazar la energía firme del mismo. Sin embargo, en 2021 se modificó la regla y si un proyecto tiene un avance de más de 80%, evita esta secuencia. ¿Salvavidas o promesa aplazada?

Si por alguna razón Hidroituango se aplazara otro año - motivos sobran, como lo vemos a diario en las noticias - puede que la demanda reciba nuevamente un alivio temporal por efecto de los recursos de la garantía, y se evidencie, indefectiblemente, que debe reemplazarse nuevamente la energía respaldada, pues por su lado la energía del proyecto tarde o temprano entrará. O puede simplemente que le den más tiempo, y las tarifas suban cándidamente porque la energía a utilizar en este escenario es llanamente más costosa. ¿Promesa rota o promesa dilatada? Resultado para la demanda: incertidumbre, mayores tarifas, menores alivios, información segmentada, mayor riesgo. Promesas por cumplir ¿pero por quién?