Sin infraestructura, no habrá energía eléctrica ni gas natural suficiente para 2027

Asoenergía defiende la posición de los usuarios llamados No Regulados de energía (UNR), límite que debería seguir reduciéndose para que la visión de la demanda industrial y comercial sea considerada en las políticas sectoriales, en la planeación, en la regulación y en el control de la prestación de estos servicios. Para la demanda es esencial el desarrollo de la infraestructura para contar con el servicio de energía eléctrica y de gas natural de manera efectiva eficiente y, sobre todo, oportuna.

En la actualidad, enfrentamos fallas de planeación, de regulación y de control, que han llevado a las más altas tarifas de energía del país de los últimos 30 años. En este contexto, no se está materializando los derechos y las necesidades de los usuarios, por esto, no solo en el inmediato futuro, sino desde 2027 en adelante se prevé un potencial desbalance tanto en el suministro de gas natural como en el de energía eléctrica en el país. Los UNR son cerca de 35% de la demanda de energía eléctrica y cerca de 31% de la demanda de gas natural del país. Es necesario anotar que, para asegurar el abastecimiento energético, de todo el país, se requiere una política energética clara y realizable, y un conocimiento profundo del marco legal y regulatorio, y en este escenario se podrían adoptar medidas que permitan contar con tarifas eficientes y señales de precios de generación acordes con los costos de prestación del sector servicio, necesidad sentida de todos los usuarios.

Desde la demanda se ha esperado una señal de eficiencia en energía eléctrica para todo el parque de generación disponible, cuyo desarrollo y expansión debe responder a un portafolio de recursos energéticos y tecnologías, ya que la pérdida de reserva eficiente que lleva a una estrechez entre la oferta y la demanda sigue enfrentando a los usuarios a una distorsión de precios en el mercado de energía mayorista actual. Estamos en una situación de desacople entre el crecimiento de la oferta, y el crecimiento de la demanda, que limita a esta última en su productividad y expone al Sistema Interconectado Nacional, SIN, a una condición vulnerable a aportes hidrológicos extremos, y con regulación hídrica en los embalses que no tienen larga duración en el tiempo.

Esta situación hace que la oferta limitada de generación de energía eléctrica en el mercado de corto plazo (la bolsa de energía) se eleve en términos de precios y se llegue a niveles cercanos al precio de escasez o a intervenciones como las recientes que solo han subido aún más los precios de la bolsa, de los contratos y de expansión.

Esta situación no se ajustará estructuralmente hasta tanto no se incorpore un portafolio de generación nueva eficiente y de transmisión amplia y muy pronta. En este contexto, el aporte de la flexibilidad de la Respuesta de la Demanda es esencial, pero aún está muy tímidamente incorporada. Por tanto, el control del mercado sólo se lograría transitoriamente con la acción oportuna regulatoria de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, y de supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Sspd. Es difícil que con medidas de corto alcance se logre cambiar estructuralmente el efecto de un balance sin margen de oferta de energía firme en el SIN.

Las resoluciones recientes emitidas por la Creg no corrigen estructuralmente los temas del mercado y solo han llevado a trasladar mayores costos a los usuarios. No se entiende por qué los usuarios deben responder por el riesgo asumido por algunos comercializadores en su contratación, por las demoras en expansión de generación y transmisión, por los desacoples de las tarifas, por la no actualización de los indexadores de precios y, finalmente, por la inacción de las autoridades.

Esta situación se replica en la oferta de gas natural, ya deficitaria y dependiente de la importación, con condiciones de precio de déficit y de desbalance entre los mercados. La situación actual de abastecimiento de la demanda de gas en Colombia es crítica, primero, porque hay un problema estructural de déficit de oferta de gas por parte de los productores, y segundo porque la confiabilidad del gas depende, según la regulación de la Creg, de los contratos que tengan los comercializadores y los usuarios.

Estos contratos, primero están terminando sus periodos y no los están renovando los productores porque no declaran suficientes cantidades de gas en firme para contratar, y segundo porque parte de los contratos están condicionados, algunos a que no se usen por parte del destinatario original, y otros, a opciones de compra de gas para respaldar escasez eléctrica. Si se le suma a esto una tarificación discriminatoria en transporte de gas y una consideración de que la demanda de gas industria no es esencial, se está destruyendo demanda de gas. Sin demanda no hay mercado.

En este contexto, lo que está pasando es que, ante la escasez de aportes hídricos, y a la escasez de gas en el mercado de contratos, se dé la priorización de racionamiento para usuarios en el mercado, según el orden establecido por el gobierno. La solución es importar, por una parte, pero no es suficiente, entonces es necesario evaluar y aportar gas operacional de los productores al mercado. Es decir, es necesario que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, exponga y optimice la producción fiscalizada y no solo la declarada para ser comercializada.

Esto quiere decir que se requieren decisiones oportunas y conscientes para avanzar en la gestión de la transición energética y en bien de los usuarios para lograr la confiabilidad energética que tanto necesitan las empresas e industrias del país.