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Los grandes usuarios en energía, a veces llamados “no regulados” por un derecho legal, cada vez más difícil de ejercer; representan a empresas de todos los sectores que hacen un uso intensivo de la energía, incluidos, entre otros, los sectores de alimentos, oxigeno, químico, metalúrgico, cementero, cerámico, del vidrio, del caucho, de la celulosa y el papel, de transformación productiva, etc. En estos sectores, el costo y la disponibilidad de la energía, y en particular del gas y de la electricidad son factores importantes, o más bien vitales, que afectan su capacidad para producir, sobrevivir y competir en el país y en los mercados mundiales. Ya desde la COP 21, se marcó un punto de partida decisivo para combatir eficazmente el calentamiento global, sobre el cual la industria manufacturera ha manifestado su apoyo a medidas que se adopten con este fin, siempre que exista un marco político que garantice la igualdad de condiciones entre las diversas industrias de los distintos países, y sobre políticas rentables que permitan el desarrollo de las innovaciones tecnológicas necesarias para adoptar este proceso.
Desde Europa, ya se advierte que, sin reglas de juego equitativas, se producirán fugas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) industriales que desplazarán puestos de trabajo y emisiones de GEI a países que no se han comprometido a reducir sus emisiones, sin lograr nada real desde el punto de vista medioambiental. Esto ya ha ocurrido en algunos países de la Ocde.
Estas industrias suministran los insumos fundamentales para la economía y la sociedad. Además, proporcionan un número significativo de puestos de trabajo debidamente remunerados y calificados, así como son la base para producir nuevos materiales y productos más eficientes desde el punto de vista energético, que se necesitan en una sociedad que se visualiza con menores emisiones de carbono y más eficiente desde el punto de vista energético.
En nuestro país, aun con una demanda industrial creciente, es un factor esencial desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras en la lucha contra el calentamiento global, una industria manufacturera saludable necesita ser apoyada activamente en lugar de ser restringida. Nuestra industria, fuente de trabajo, debe ser respaldada por políticas que garanticen una nivelación de la carga que implican los costos de energía, susceptibles a seguir aumentando no solo por costos climáticos sino por demoras en su regulación. Políticas que permitan generar perspectivas de crecimiento comparables a los países competidores a nivel mundial, y que impulsen reducción de las emisiones de GEI en todos los sectores de la manera más rentable. Políticas deben ser respaldadas por programas energéticos atractivos para los usuarios.
Para la demanda, el reconocimiento del equilibrio entre los beneficios para el medio ambiente, la economía y la seguridad del suministro son indispensables; así como un énfasis especial en programas que permitan inversiones industriales en modernización y en tecnologías de punta. Aplaudimos el lanzamiento del proyecto de re-industrialización, que esperamos incluya estrategias de innovación proactivas. Para la industria, altamente dependiente de la transición energética, un clima de inversión estable y predecible en los cambios que se requieren, transición que para la demanda debe estar centrado en la investigación y el desarrollo de tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético, ya que sin políticas que permitan y apoyen a las empresas en la modernización de sus instalaciones y procesos hasta niveles de vanguardia, será una meta no realizable.
Siempre enfatizamos que la demanda requiere incentivos ya que están en juego inversiones importantes que requieren recursos tanto públicos como privados. La clave del éxito es habilitar una participación real en la cadena de remuneración, es tener acceso a la financiación necesaria, es activamente desarrollar estrategias de optimización, es dar señales económicas para adoptar decisiones a largo plazo. Los incentivos y el acceso a la financiación sólo son efectivos sí se sostiene una producción con confianza, apoyados en factores económicos de fondo. Por tanto, así lo han planteado en las políticas de países comprometidos en este mismo fin: no deben desviar capital de las actividades industriales. Al contrario, los precios de la energía deben ser un indicador importante para evaluar y elegir las políticas de cambio climático, ya que los costos de la energía determinan cada vez más la competitividad de una economía, en especial una economía limpia.