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Siendo la prioridad de todos, la defensa de la salud pública y la vida de las personas, y con el enorme esfuerzo institucional que en múltiples frentes se ha evidenciado para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria, es claro que las realidades económicas y sociales que derivan de la actual coyuntura crean un sombrío escenario. Nos enfrentamos a resultados sin precedentes y, sobre todo, a un panorama de riesgos en el cual se hace cada vez más probable un retroceso en los avances obtenidos sobre la reducción de la pobreza, el desempleo, la senda de crecimiento económico y el bienestar de la población.
Estos desafíos no son solo del Gobierno Nacional que, valga decirlo, ha actuado con la oportunidad y diligencia que una crisis de esta magnitud supone, preservando la salud y retomando gradualmente la vida productiva. Tampoco debe ser un desafío exclusivo de los empresarios, quienes de manera oportuna y responsable se comprometieron con los protocolos para reiniciar actividades de manera gradual y eficiente. Ni de quien día a día enfrenta las realidades de la pérdida de su empleo o la reducción de su ingreso. Este es un desafío de país. Para enfrentarlo, todos los actores debemos trabajar con un propósito común y proponer acciones realizables, bajo un diálogo constructivo.
Por eso, desde Camacol, como gremio de la cadena de valor de la construcción, se ha propuesto un plan con 10 acciones que tendrían el potencial de crear 720.000 nuevos puestos de trabajo, generar inversiones anuales equivalentes a 12 puntos del PIB y construir 500.000 viviendas formales junto con 12 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales. Todo esto con los efectos económicos positivos que se generan sobre 54% del aparato industrial, comercial y de servicios, asociados directamente con el sector de la construcción.
Las bases de este plan se soportan en tres objetivos: el fortalecimiento del acceso a la vivienda social y al segmento medio; el aumento de la oferta de proyectos de vivienda y de proyectos no residenciales; y en la creación de condiciones institucionales y regulatorias óptimas. Para lograr el primer objetivo, se propone aumentar el número de subsidios VIS, poner en marcha un instrumento para incentivar la compra de vivienda nueva del segmento medio, y fortalecer el acceso a la financiación de vivienda mediante garantías crediticias. Para el segundo objetivo, se propone impulsar un modelo efectivo de gestión público-privada de proyectos urbanísticos estratégicos, mediante la incorporación de suelo urbanizable; la promoción de la inversión en infraestructura, equipamientos sociales y edificaciones públicas; y el desarrollo de proyectos exclusivos para renta como una oportunidad para atender la necesidad habitacional mediante el arrendamiento formal.
Todo lo anterior, debe estar acompañado de una estrategia radical de simplificación de trámites y de fortalecimiento institucional, para que servicios públicos básicos del Estado, como el registro de instrumentos públicos, opere de manera efectiva, continua y ojalá con avances en virtualización.
En suma, lo que hemos vivido en el marco de la emergencia ha tenido efectos sin precedentes. Pero ahora, es fundamental que todos los actores trabajemos de manera propositiva con la visión común de recuperar el empleo y la economía, para poner en marcha un plan con el que construyamos juntos la reactivación del país.
