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Esta semana el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, consolidó su mano de poder en la Casa de Nariño. Es claro que el presidente Gustavo Petro decidió cambiar las fichas de su entorno más próximo en Palacio, en donde estaba Sarabia, para posicionar a Jaramillo.
La directora del Dapre, Angie Rodríguez, llegó de un momento a otro sin que nadie la conociera y sin la confianza de Petro, pero como enviada de Jaramillo, con quien había trabajado previamente en el Ministerio de Salud sin gran trayectoria. Y en El Colombiano revelamos la primicia de la llegada de José Alexis Mahecha como subdirector de la entidad, otro exfuncionario de Jaramillo en la Alcaldía de Ibagué y asesor suyo en la cartera de Salud. Mahecha estuvo en el DAS y sabe de inteligencia.
En las próximas horas se confirmará la llegada de Augusto Ocampo como jefe de la Oficina Jurídica de Palacio tras la salida de Paula Robledo. Ocampo es un controversial abogado que tuvo el cargo de zar anticorrupción también en la alcaldía del ahora ministro, cuyo legado será recordado sin duda en el país: la mayor crisis de salud en los últimos tiempos. Promisorio.
Aunque el país creía que el hombre más poderoso del Gobierno hoy era Armando Benedetti, la persona detrás de las decisiones grandes en Palacio es el ministro de Salud.
¿Cómo se entiende eso? Simple. La relación de Petro y Jaramillo ha sido más que cercana desde hace décadas. El ministro ha dicho que es leal al Presidente sin chistar y está al frente de uno de los temas centrales en la agenda del Gobierno para terminar la administración.
Lamentablemente, Jaramillo no es el mejor consejero. Primero, es irrespetuoso con la prensa y eso ha quedado demostrado todas las veces en que ha pretendido hacer monólogos interminables y falaces con periodistas para luego tirar el teléfono. Pero, además, el ministro leal también tiene que explicar dos cosas puntales.
La primera es por qué, según dos fuentes serias con las que hablé directamente, habría pedido que se priorizaran pagos para clínicas de un ex M19 en el cambio del modelo del Fomag. “Pidió que toda la red del Huila y del Tolima (de donde es oriundo) se la entregaran a un excombatiente del M19 llamado Abel Sepúlveda, que tiene una red de clínicas llamada Emcosalud”, dijo la fuente que pidió reserva por razones de seguridad.
En esa misma solicitud, según las fuentes, el ministro habría ordenado que se le asignaran pagos a ComfaGuajira, intervenida por el Gobierno y en manos de una cuota de la investigada senadora Martha Peralta. “El ministro dijo a algunas personas que había que darle ese contrato a ese prestador para que la reforma pasara en la Comisión”, agregó otra persona que quiso hablar conmigo extensamente y aseguró estar dispuesta a ratificar todo esto ante la Corte Suprema y la Fiscalía.
La segunda pregunta es si no era por lo menos un conflicto de interés que la empresa que hizo la auditoría de la campaña, que escogió el ministro, ahora haga la contraloría de las EPS intervenidas y si en ello hay realmente independencia. Esa empresa es Nexia, Montes y Asociados. ¿De quién es esa empresa, ministro?, ¿por qué tanto interés en contratarla en campaña y ahora?
Y una más de ñapa. El ministro debería responder también quién envió las hojas de vida de los primeros superintendentes de las EPS que el presidente decidió sacar por sospechas. Hasta ahora el exsuperintendente Luis Carlos Leal ha dicho que se las envió Jaime Ramírez. Pero, ¿quién se las envió a Ramírez? Sé que hubo una reunión entre Jaramillo, Ramírez, Leal y Laura Sarabia para explicar el origen de esos documentos. Y hay una respuesta.
Jaramillo no es solo irrespetuoso con la prensa que hace preguntas. El hombre poderoso de Palacio que le habla al oído al Presidente tiene varios cuestionamientos y preguntas que como funcionario que le responde al público debe contestar. Deje de tirar el teléfono, señor ministro. Y conteste nuestras preguntas.