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Nadie sabe con precisión a qué se dedica Carlos Ramón González en la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, pero su nombramiento en febrero pasado evidentemente corresponde a intereses del presidente Gustavo Petro de tener a alguien de toda su confianza y ex M19, al frente de una poderosa institución que tiene una oficina de producción de inteligencia, y otra de inteligencia y contrainteligencia.
Quienes conocen a Petro saben que el presidente confía en un círculo de personas que se cuentan con los dedos de una sola mano. Dos de ellos son el actual director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, con miles de hombres a su cargo que pasan su tiempo junto a aforados, magistrados, congresistas, gobernadores, alcaldes, periodistas y todo de tipo de líderes de izquierda y de derecha amenazados. El otro es Carlos Ramón González, quien antes de estar a la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, era el director del Dapre y ha sido mencionado directamente por Olmedo López en el supuesto esquema de corrupción con el que se habrían sacado cientos de miles de millones de pesos en contratos de la Ungrd para pagar a políticos.
Los dos tienen una coincidencia y es que conocieron a Petro mientras hacían parte del M19. ¿Es casualidad que el presidente haya puesto a Rodríguez y González, de su mayor confianza, al frente de dos instituciones que tienen el poder de desplegar miles de hombres para acompañar a protegidos y realizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia?
Los dos tienen otra coincidencia. Lealtad. Y este es un Gobierno que supuestamente se siente amenazado, bloqueado, víctima de un golpe blando o, según lo dijo Petro recientemente en una declaración temeraria con Cambio, de un “golpe de Estado”, además entre líneas impulsado por Santos. Nada más alucinante. Pero en un escenario como ese la lealtad y la confidencialidad son valores importantes.
El papel de Carlos Ramón Gonzáles en la DNI merece explicaciones. Sobre todo para no repetir las prácticas de Gobiernos anteriores, como el de Uribe, en el que se usaron agencias de seguridad para interceptar a críticos, opositores o enemigos del Gobierno en nombre de la seguridad. Eso está probado en sendos expedientes judiciales sobre el DAS. El presidente ha dicho que su Gobierno no persigue a la oposición y no intercepta a nadie, pero la palabra de Petro está a la baja en los últimos días. Dijo que no haría constituyente en campaña y no ha hecho más que hablar de constituyente; prometió respetar la independencia de poderes y se la pasa dándole órdenes a la fiscal general y atacando a la procuradora y a los magistrados que deciden en su contra. Dijo que su Gobierno no sería uno de la corrupción y estamos en la mitad de uno de los mayores escándalos recientes con el uso de recursos públicos para la posible compra de congresistas y políticos en su favor. Difícil creerle, presidente.
El señor González debería hacer audiencias públicas de transparencia con explicaciones a la ciudadanía sobre sus resultados, cómo se miden, y cuáles son las funciones de sus dos oficinas de inteligencia.
Estas serían buenas preguntas para contestar:
¿Quién le da las órdenes?
¿Qué tipo de contrainteligencia hacen dentro del Gobierno y con qué herramientas?
¿Cuáles son los contratos de los últimos meses?
¿Cómo y por qué se deciden las operaciones de inteligencia?
¿Qué es exactamente lo que hace su oficina?
¿Cómo se materializan los consejos o asesorías que le da al presidente de la República?
Hace algunas semanas una fuente me dijo que debía tener cuidado con conversaciones cuando estaba avanzando en una investigación todavía en desarrollo porque “Carlos Ramón ya sabía con quién me reunía y cuál era mi fuente”.
Ojalá ese comentario sea producto de la imaginación. Porque nada más aterrador que un Gobierno con formas autoritarias y semejante poder para la escucha, los seguimientos, y la persecución. Y es verdad que los oídos de Carlos Ramón son particularmente grandes.