Otra vez los falsos positivos

El aparato militar oficial asesinó a civiles durante este siglo y el anterior para hacerlos pasar como bajas en combate. Los soldados que se traicionaron así mismos y al Estado han reconocido sus crímenes frente a madres que le han querido mostrar al país su dolor más profundo: el de vivir durante años con el fantasma y las pesadillas de la desaparición de sus hijos ultrajados y convertidos en formularios de cifras insensibles.

Las audiencias de la JEP sobre falsos positivos han sido escandalosamente dolorosas. Los detalles de los militares que contaron cómo tomaban a los civiles y los asesinaban para lograr días de descanso y cumplir con la presión por ganar la guerra es sencillamente injustificable.

“No eran personas combatientes ni pertenecían a ninguna organización criminal. Fueron asesinados y fueron incinerados”, dijo el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte sobre dos personas inocentes en Casanare.

“Un informante nos indica cuál era el vehículo que debíamos detener. Hacemos eso y en la vereda La Graciela yo llamo a mi mayor a decirle que yo no creo que sean miembros de grupos ilegales. Al rato recibo una llamada de mi coronel y el informante dice que ya no los podemos dejar ir. El informante nos dice que tampoco podemos dejarlos ahí, entonces el informante procede a incinerar el vehículo”, dijo el capitán Jaime Alberto Rivera.

“La orden era quemar los documentos. El mayor decía que tocaba desaparecer los documentos para que no los identificaran y hacerlos pasar como NN. Se buscaba un lugar donde hubiese una influencia de un grupo subversivo para hacer el montaje. Estas personas no tenían ningún vínculo con un grupo armado”, dijo el soldado retirado Alexander González, mientras leía una lista de más de 10 apellidos ante el llanto incontrolable de una de las víctimas en la audiencia.

“En el Gaula militar Casanare yo torturé, asesiné, aprehendí gente. Hoy quiero reconocer que cometí muchas injusticias, y ofrezco disculpas”, dijo el cabo primero Gélver Perez.

“Hoy en esta audiencia aceptó mi responsabilidad por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. Acepto que yo, con un mal llamado reclutamiento, ordené asesinar a personas inocentes, personas de bien. Yo tomé una mala decisión y les quité la vida por tener un ego, por llevar un escudo que ya no tengo”, dijo el sargento Wilson Burgos.

“Le dimos prelación a las muertes en combate. Usamos un lenguaje indirecto, expresiones como usted ya sabe lo que tiene que hacer, derivaron en lo que hoy estamos lamentando”, dijo el general Henrry Torres Escalante.

Las declaraciones de las víctimas fueron aún más impactantes. Como ha ocurrido en esas audiencias, tras la revelación de detalles de los victimarios, algunos familiares tomaron los micrófonos temblando y llorando por el recuerdo. Después de más de una década el dolor se hizo presente de una forma inabarcable. No imagino lo que puede sentirse la desaparición de una persona a la que uno ama con todo su corazón y la vida con la imagen permanente de la tortura y su dolor inevitable.

Un acuerdo sobre lo fundamental en Colombia debería ser rechazar de forma unánime estos hechos horribles y coincidir en que ninguna familia colombiana debería nunca perder a un inocente por las armas encargadas del Estado. Los falsos positivos son el capítulo de más deshonor e indignidad del Estado colombiano frente a su deber de proteger la vida y la libertad.

Que nadie nunca más muera por el exceso, por el ego y el poder de las armas mal ejercido. Ese dolor de esas madres, padres y hermanos no puede repetirse nunca. La fuerza del Estado no puede usarse contra inocentes jamás.