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Esta semana se confirmó sin ninguna explicación la salida del superintendente Luis Carlos Leal de su cargo. Como siempre ocurre, la sagaz directora del Dapre, Laura Sarabia, (de quien dicen se quiere ir ya a trabajar con Aval) se lo confirmó a un par de periodistas cercanos, y luego Palacio lo aceptó a otros medios.
Dudo que Leal supiera porque así ha sucedido antes. La prensa notifica y los funcionarios con sorpresa llaman a confirmar a la Casa de Nariño. Pero lo que empieza a revelarse podría ser un gran escándalo de unas dimensiones parecidas a las de la UNGRD. Otro más para el álbum de hechos de corrupción en este Gobierno por no saber administrar y nombrar en cargos de tomadores de decisiones a personas con intereses, sin experiencia o con avidez de dinero fácil.
Los hechos que rodean la salida de Leal son sumamente extraños. Esta columna conoció un video de la despedida cuando se enteró el martes pasado con el equipo directivo de la Superintendencia. “En 45 años de carrera profesional eres el mejor jefe que he tenido”, dijo una de las mujeres expertas de la institución que le agradeció al funcionario su “decencia y la defensa de sus convicciones”.
Un día después, la Superintendencia publicó el último comunicado de la administración del médico Leal. Allí se hablaba de una investigación que inició solo hace un mes a cuatro EPS, tres de ellas intervenidas por el propio Gobierno, y se informaba que por cuenta de esa investigación se había ya presentado una denuncia formal a la Fiscalía.
El nombre de Mario Urán apareció cuatro veces en el comunicado con acusaciones puntuales. El Supersalud asegura que Urán estaría direccionando contratos hacia unas clínicas y hospitales de su círculo, igual que el favorecimiento a laboratorios y la concentración de pagos en beneficio de algunas empresas específicas.
Urán es un hombre poderoso del sector salud que trabajó en Caprecom, Roche, y en su carrera de lobista se hizo buenos amigos políticos. La pregunta es por qué el poderoso lobista estaría teniendo control sobre los agentes interventores y gerentes de cuatro EPS tan grandes como Emssanar, Asmet Salud, Coosalud y SOS.
A Urán alguien lo protege. Eso es claro porque quien ganó el pulso fue él, sobre un funcionario que se identificaba en la forma y en el fondo con el Gobierno Petro y que, según sus propios subordinados, estaba haciendo un trabajo honesto.
¿Estamos ante la posibilidad de un Saludcoop 2? La prueba de que el Estado no es necesariamente mejor administrando recursos públicos que los privados. Pero la pregunta sigue siendo quién protege al poderoso Urán y por qué echaron a Leal sin aviso.
