Roy Barreras y los $4.000 millones para explicar

Esta columna hará una pausa en sus temas sobre Gobierno para dedicarle por una vez un texto al exsenador Roy Barreras.

Senador Roy Barreras, sus respuestas en el caso de los contratos de la Oficina Administrativa del Congreso para la empresa de un gran amigo suyo son insuficientes. Lo denunciado por el senador Jota Pe Hernández es absolutamente delicado. La oficina mencionada firmó un contrato por $8.000 millones para la administración del Canal del Congreso.

Ese contrato lo ganó la empresa Dicitec, de la que aparece poca información pública. En el Registro Empresarial es una compañía que se dedica a actividades complementarias al transporte, ingeniería y otras conexas de consultoría técnica. También aparecen actividades ejecutivas de la administración pública y consultoría de gestión. Tiene allí documentado un contrato con el departamento de Caquetá por $316 millones y uno más de 2022 que no tiene mucha información. Su representante legal es Enrique Alfonso López, quien es administrador de empresas de la Universidad Javeriana.

Aunque Dicitec no tenía experiencia en la administración de Televisión, el Congreso, siendo Roy su presidente, eligió a esta compañía por presentar la oferta más baja. Rtvc propuso prestar esos servicios por alrededor de $300 millones más, pero el Congreso privilegió la oferta de menor cuantía. Lo que resulta tremendamente irregular es que esa misma compañía haya tercerizado unos $4.000 millones con la empresa Espejo Público. La única accionista de esa sociedad es Valeria Uribe, hija de John Jairo Uribe, exproductor del Canal del Congreso.

Cada vez que se le ha preguntado a Roy por qué no sabía de esta tremenda triangulación con $8.000 millones de los recursos del erario, responde desviando el fondo de la pregunta. “Ningún presidente del Congreso firma contratos”. Claro, el problema es que arrojar la responsabilidad a un hecho menor como ese podría no salirle bien.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema está avanzando en la investigación; ya llamó a declarar a Hernández, y llamará a todos los implicados junto a las visitas a la empresa de la hija de Uribe y a Dicitec para comprobar qué pasó y por qué semejante millonada terminó en manos de alguien sin ninguna oportunidad de ganarse un contrato como ese en un concurso de méritos.

Uribe padre hizo parte de la UTL de Barreras como asesor, pero fotos de ambos los muestran en ambientes no laborales celebrando y siendo muy cercanos. De hecho, fue Uribe quien apareció para salvar a Roy en un evento en el que se le quedó dinero en efectivo en un maletín de un hotel.

Estas son las preguntas de fondo: ¿No sabía el presidente del Senado que la hija de su buen amigo de tantos años se había quedado con la mitad de un contrato millonario para operar el Canal de su Congreso? ¿No estaba enterado Roy de las labores de la Oficina Administrativa para adjudica $8.200 millones?

El exsenador será embajador en Londres. Su abogado para este caso es Mauricio Pava, el mismo que ha logrado recusar a magistrados de la Corte para que algunas investigaciones de Armando Benedetti vayan a la Fiscalía. Roy Barreras es un político brillante y elocuente. Pero aquí hay preguntas de fondo que debe responder sin atajos. Estamos frente a un posible caso de corrupción enorme en el Congreso que él administró y los implicados se enfrentarán a la Corte Suprema. Veremos hasta dónde llegan las lealtades.