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La lucha contra la pandemia del covid-19 no ha dado tregua y continúa presentando retos sin precedentes en materia de política fiscal, monetaria y financiera. Para hacer frente a tal emergencia, los gobiernos del mundo han implementado paquetes de estímulos fiscales que ascienden a US$9 billones, cerca del 11% del PIB mundial, divididos entre apoyos directos de su presupuesto y otras operaciones de carácter público como inyecciones de liquidez, garantías y préstamos a sectores afectados.
Dichas medidas ejercerían una creciente presión sobre los balances de los gobiernos y sus niveles de endeudamiento, así como sobre sus perspectivas crediticias, lo que ya se evidencia con las revisiones por parte las agencias calificadoras en un gran número de países, entre ellos Colombia.
Profundizando en este aspecto, bien hay que resaltar que en 2019 la deuda global, entendida como la suma de las obligaciones del sector público y privado, llegó a los US$255 billones, representando el 322% del PIB mundial, una cifra que antes de las intervenciones mencionadas ya iba en ascenso, de acuerdo con el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) y otros organismos especializados.
La historia ha mostrado que picos en las relaciones deuda sobre PIB han coincidido con profundas recesiones y crisis financieras, como se vio por última vez con la crisis internacional de 2008-2009. De allí que otra preocupación que la actual coyuntura expone esté asociada al riesgo sobre la estabilidad financiera internacional. Una exacerbación de las vulnerabilidades en el apalancamiento y riesgo bancario ante un incremento significativo en los niveles de deuda, acotaría la capacidad de endeudamiento privado, propiciando un entorno de incertidumbre acerca de la solvencia y estabilidad del sistema.
Colombia, en este sentido, ha sido capaz de sortear dichos riesgos y ha asumido con diligencia la respuesta a la crisis, aunque a un costo considerable. El Comité Consultivo de la Regla Fiscal estipuló que el déficit fiscal podría llegar a 6,1% del PIB para este año. El FMI, por su parte, pronostica un significativo repunte en la deuda del Gobierno General, que podría ascender a 57,8% del PIB. No obstante, incluso con las actuales medidas, estos niveles de endeudamiento público serían inferiores al 78% que se espera en promedio para Latinoamérica, y permanecerían por debajo de umbrales propuestos en la literatura económica, en torno al 60% y 90%, y que podrían significar un deterioro en nuestro crecimiento de largo plazo.
A pesar de los grandes desafíos que enfrenta el sector financiero en Colombia, asociados a la dinámica de liquidez en los mercados, la volatilidad de los activos en su portafolio y una menor perspectiva en la actividad crediticia a raíz de la desaceleración económica, es necesario resaltar que sus adecuados niveles de solvencia permitirán mantener su solidez sin comprometer la estabilidad que lo caracteriza.
Como de forma acertada lo señaló el Banco de la República en su último Reporte de Estabilidad Financiera, los indicadores de solvencia del sistema financiero permanecerían por encima de los límites mínimos regulatorios, incluso en los escenarios más ácidos contemplados, lo que constituye sin duda una parte de tranquilidad para todos los colombianos.
Las noticias, en este escenario, son positivas para Colombia. Sin embargo, los retos y dificultades que hoy enfrentan las familias y empresas son enormes. Por ello, acelerar la reactivación de los sectores productivos salvaguardando, desde luego, la salud de la población, debe ser hoy la mayor prioridad. Del manejo asertivo de este proceso dependerá la celeridad de la anhelada senda de recuperación.