MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
El sector financiero ha sido y seguirá siendo un actor esencial para la actividad productiva. Su objeto misional no es otro que apalancar la expansión de los diferentes sectores de la economía, catalizar el ahorro y asignar recursos de manera eficiente, contribuyendo con ello al desarrollo económico y social. Con este propósito, el trabajo mancomunado entre la banca y el Gobierno Nacional se ha direccionado en los últimos años a mejorar los indicadores de bancarización para que cada vez más empresas y hogares se vinculen al sistema financiero y gocen de los beneficios del crédito formal.
El acceso a la financiación de empresas, en su mayoría micro, pequeñas y medianas, hoy afectadas por una situación sanitaria sin precedentes, es sin duda muy importante para acotar las externalidades de esta crisis y mitigar las pérdidas en materia de producción y empleo. Todo este proceso requiere, no obstante, de una correcta gestión del riesgo, más aún en contextos como el actual, donde este tiende a exacerbarse.
Erran, en este escenario, quienes olvidan que para cumplir con este objeto misional, la información crediticia de calidad es una herramienta sine-qua-non para la estabilidad macrofinanciera. Es gracias al mayor conocimiento del cliente que se logran reducir las asimetrías de información, y los problemas de selección adversa y de riesgo moral en la originación de crédito. Es esta la herramienta que permite evaluar la calidad crediticia del prestatario, activo intangible y de gran valor para garantizar el acceso al crédito a la base de la pirámide.
Hoy, por fortuna, el país goza de buenos indicadores en materia de profundidad de la información crediticia de acuerdo con el Banco Mundial. Los grandes esfuerzos realizados en los últimos años por mantener una alta calificación en este aspecto se han materializado y actualmente contamos con el cumplimiento de siete de los ocho criterios estipulados por dicho organismo, figurando entre los países de América Latina que, en promedio, cumplen con cinco de dichos criterios.
Esto ha sido posible gracias a que hemos entendido la estrecha relación que existe entre la información crediticia y el nivel de desarrollo de un país, una relación que permite mayores niveles de profundización financiera, reduce el riesgo de crédito y promueve un entorno transparente para el ejercicio de la libre competencia. No dejan de desconcertar, en este contexto, aquellas iniciativas legislativas que atentan contra la calidad de la información crediticia, desconociendo su importancia en materia de profundización financiera y en la generación de entornos propicios para el desarrollo económico.
Debilitar la única garantía que posee un individuo para acceder a financiamiento formal tiene consecuencias negativas en la provisión de crédito. Termina endureciendo las condiciones de otorgamiento de préstamos, generando la necesidad de mayores garantías, e incrementando las posibilidades de exclusión del financiamiento formal a los segmentos más vulnerables, aquellos a los que precisamente las estrategias de inclusión financiera deben apuntar.
Esta, ni ninguna otra coyuntura, puede permear la visión integral de lo que está en juego. Hoy, más que nunca, tenemos la obligación de garantizar el acceso al financiamiento formal a millones de empresas y colombianos que lo requieren. Retroceder en esta dirección es retroceder en desarrollo financiero y acceso al crédito formal, es limitar la capacidad del país de generar empleo y reducir la pobreza.
Por tal motivo, aprobar el proyecto de Ley de Habeas Data y Borrón y Cuenta Nueva, traiciona sus nobles propósitos, logrando deteriorar la calidad de la información crediticia, pavimentando así un camino más expedito para fortalecer las trampas de la pobreza y obstaculizar el cumplimento de nuestros objetivos de desarrollo.
