Compromisos de doble vía

Gran parte de la fortaleza y la estabilidad económica del país se encuentra cimentada en nuestra Constitución Política. El derecho constitucional a la libertad económica y la iniciativa privada, consagrado en el artículo 333, ha sido fundamental para el desarrollo económico y social del país durante las últimas décadas.

Como todo derecho, este implica una serie de obligaciones y compromisos de doble vía. Por supuesto, la empresa privada debe comprometerse a no restringir la libre competencia y desarrollar sus actividades dentro de lo estipulado por la ley y, de otro lado, el Estado debe abstenerse de intervenir de manera directa en la economía, a menos que encuentre prácticas anticompetitivas o se vea obligado a velar por el bien común.

La labor del Estado en dicho frente, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, se encuentra repartida entre el Legislativo y el Ejecutivo. Específicamente, el Congreso de la República es el encargado de expedir leyes marco, por medio de las cuales se señalan no solo las reglas generales a las que deben someterse las actividades económicas sino los objetivos y criterios que debe seguir el Gobierno para su intervención. Por su parte, el Gobierno Nacional tiene la función de ejercer la intervención de dichas actividades y llevar a cabo la regulación, inspección y vigilancia de las entidades que la desarrollan, siguiendo las pautas y principios fijados por el legislador.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta bastante llamativo que en los últimos años hayan proliferado iniciativas legislativas que, pretendiendo intervenir de manera detallada y puntual en varias actividades del sector financiero colombiano, menoscaban la libertad económica y ponen en riesgo los derechos de los consumidores.

En efecto, legislatura tras legislatura, el país ha sido testigo de iniciativas que buscan, por ejemplo, disminuir la rigurosidad con la que se lleva y administra la información crediticia de los colombianos, una de las mejores de la región y uno de los grandes activos de los colombianos. Otras, que buscan eliminar arbitrariamente la remuneración de los servicios financieros, se han venido constituyendo en afrentas clarísimas contra la libertad de empresa, impulsadas por afanes populistas y sin mayor análisis de las consecuencias sobre la dinámica de la inclusión financiera y el desarrollo social del país.

Si bien estos casos particulares no deben opacar el hecho de que la labor del legislativo ha sido crucial para el desarrollo del país, resulta imperativo asegurar la protección y el fortalecimiento del sector financiero, pilar fundamental para el desarrollo económico y social. La vocación del Congreso ha sido, y deberá seguir siendo, establecer los objetivos y principios que orientan la actividad, así como el marco en el que debe moverse el Gobierno para el ejercicio de su misión constitucional.

No debe desconocerse, por supuesto, que existen muchos frentes de mejora que permitirán otorgar más libertades en beneficio de la inclusión financiera, uno de los grandes propósitos del sistema financiero. Hoy muchos de estos frentes enarbolan la hoja de ruta del sector en pro de la construcción de un ecosistema financiero más incluyente y cercano.

Por ello, el país y el Legislativo no deben olvidar que el sector financiero continuará comprometido con el cumplimiento de la normatividad que lo rige, como ha sido su tradición, demostrando que su desarrollo y mayor profundidad deriva en un sin número de externalidades positivas para todos los sectores económicos y sociales.