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Las recientes discusiones en torno al cambio climático y sus consecuencias sociales y económicas han dado lugar a álgidos debates, generando especial atención en los medios de comunicación y propiciando movilizaciones en diferentes ciudades con una gran participación de población joven. Todo esto mientras se desarrollaba la Cumbre sobre Acción Climática de la ONU en Nueva York.
Las preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental no son menores. Según la ONU, aumentos en la temperatura del planeta superiores a 1,5 ºC en las próximas décadas tendrían una incidencia negativa sobre la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, las demandas de algunos sectores que defienden el medio ambiente suelen soslayar las consecuencias que generaría un cambio radical en el modelo económico. William Nordhaus, premio nobel de Economía de 2018, señaló de forma acertada que, si bien deben implementarse iniciativas para atenuar los efectos del cambio climático como los impuestos al carbón, poner en riesgo el crecimiento económico puede ser muy costoso en términos económicos y sociales.
El debate toma especial relevancia en países como Colombia, con altos niveles de pobreza e inequidad, en donde lo razonable es hacer compatible el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, alcanzar este equilibrio parece una tarea compleja. Por un lado, los habitantes exigen un mayor gasto en bienes públicos y bienestar económico, mientras que por otro demandan una mayor protección del medio ambiente, aun si esto conlleva una afectación de los sectores minero-energético, industrial y de agricultura.
No obstante, lo que estos debates no deben ignorar es la importancia que han tenido y tienen los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales en materia de ampliación de la cobertura de servicios públicos, reducción de pobreza y generación de ingresos. Al respecto, cabe recordar que, del presupuesto del Sistema General de Regalías, que asciende a $30 billones para el bienio 2019-2020, de los cuales $15,2 billones provienen del sector de hidrocarburos, se destinan recursos para programas como el Plan de Alimentación Escolar, atención primaria en salud pública, construcción de vías terciarias, etc.
Adicionalmente, debemos ser conscientes que aspectos tan fundamentales para la calidad de vida de los colombianos, como lo son la sostenibilidad fiscal y la seguridad energética, pueden verse amenazados. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las reservas probadas de crudo y gas tan solo bastarían para 6,2 y 9,8 años, respectivamente, lo cual da cuenta de cuan apremiante es compatibilizar la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y energía, con el cuidado del ambiente. En esta línea, la implementación de los pilotos de fracking podría ser un ejemplo para el país, de allí que se requiera que se adelanten con toda la rigurosidad y técnica posible.
Los dilemas, como puede notarse, son de diversa índole y de las decisiones que se tomen dependerá el futuro de las próximas generaciones. Resultará fundamental entonces que los gobiernos, las cortes, los sectores económicos y las ONG contribuyan de manera permanente en desarrollar estrategias que permitan construir las bases de un crecimiento económico sostenible. Pero el primer paso sería cumplir lo ya pactado, como lo es el Acuerdo de París.