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Durante la primera década de este siglo, buena parte de los países de la región experimentó una significativa disminución de la pobreza, fenómeno impulsado, entre otros, por el boom de las materias primas. El incremento de la capacidad adquisitiva de la población, que pasó a pertenecer a las clases vulnerables y medias, se dio de manera paralela con el aumento de las expectativas en materia de inversión pública, así como de cobertura y calidad en servicios como la educación, la salud, entre otros.
Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI, la pérdida de tracción de las economías latinoamericanas, asociada a la caída de los términos de intercambio, llevó a que las expectativas y anhelos en materia de reducción de inequidad se vieran hasta cierto punto frustradas. Este fenómeno, entre otros, se ha constituido en uno de los principales determinantes de conflictividad social en la región, sin importar la orientación ideológica de los diferentes gobiernos.
Colombia, en este escenario, podría ser la excepción a esta nueva realidad económica y social. Hoy las estimaciones del mercado y de organismo internacionales señalan un crecimiento para Colombia cercano a 3,2% en 2019, superando el promedio mundial (3,0%) y, específicamente, el de países como Brasil, México, Argentina y Chile. Unas estimaciones que también señalan una significativa reducción de la pobreza, la desigualdad y las brechas regionales.
Esta excepción podría explicar también porque no se dio en nuestro país un estallido social como se dio en Chile, a pesar de que tanto los índices de bienestar como la popularidad del gobierno eran más bajos que los que se registraban en el país austral antes de las protestas. Para poner en contexto las diferencias, mientras acá marcharon uno de cada 180 ciudadanos, en Chile marcharon uno de cada 12 ciudadanos, todo ello en paralelo con unas manifestaciones más pacíficas. En efecto, los daños asociados a las protestas en Colombia tan solo bordearon el 0,01% del PIB, mientras que en Chile alcanzaron el 1% del PIB, cien veces mayor en proporción a su PIB. Conclusión… nuestra realidad está muy lejos de ser la de Chile.
No es menos cierto, desde luego, que se ha creado un hecho político y social y que hay un descontento de un sector de la opinión, independiente de las manipulaciones políticas oportunistas de algunos dirigentes irresponsables, y del vandalismo de actores criminales infiltrados abusivamente en una protesta en su mayoría pacífica. Nos urge entonces, llegar a consensos objetivos producto de análisis sensatos y aterrizados con la realidad económica y social. Resulta muy preocupante el divorcio que existe entre la realidad económica en materia fiscal, pensional y laboral, y aquella percibida en el imaginario colectivo.
La Conversación Nacional, propuesta por el Gobierno hace unos días, será una herramienta fundamental para unificar esfuerzos y encaminarlos hacia los objetivos de desarrollo económico y social del país. Por eso la apoyo sin rodeos, pero debe reunir a todos los actores de la vida nacional y no solo a los convocantes de una marcha. Construir una vibrante y robusta democracia deliberativa requiere del esfuerzo de las distintas instancias del Gobierno, los empresarios, los medios de comunicación, los sindicatos, organizaciones sociales y, en general, de todos los ciudadanos.
Solo así será representativa una conversación que nos ayude a alcanzar consensos respecto a los temas más álgidos de la agenda de política pública. De lo contrario correríamos el riesgo de restarle impulso al crecimiento económico de largo plazo, lo que terminará profundizando la brechas económicas y sociales que hoy nos inquietan.
P.D. Lamento profundamente el fallecimiento del joven Dilan Cruz.