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Me refiero al momento en que la baja en la popularidad y sucesivas derrotas políticas y legislativas dejan a un gobierno, como el de Chile, con muy poco margen de maniobra. Ese momento todavía no le ha llegado a Gustavo Petro en Colombia, pero ya podría estar cerca. La primera derrota fue tener que retirar bochornosamente la reforma política, aduciendo que se había desdibujado, cuando quienes la tramitaban y defendían eran sus propios alfiles políticos. La segunda derrota fue la exclusión de las múltiples facultades extraordinarias contenidas en el Plan de Desarrollo. Las batallas pendientes se ciernen alrededor de otras tres iniciativas de gran trascendencia; la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma a las pensiones. Todas ellas con cargas de profundidad a sus sectores y con riesgos reales de causar un gran daño. De su paso y como termine dependerá la gobernabilidad del Presidente durante el resto de su periodo.
Hay razones de sobra para alarmarse, empezando por la reforma a la salud. Por sentido común, no se debe transformar radicalmente un sistema que está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como el mejor en los países en desarrollo y por encima de muchas economías avanzadas. A ciencia cierta, no se sabe el costo fiscal y el impacto en el aseguramiento de esta reforma. Y el liderazgo de una ministra ideologizada como Carolina Corcho, con poco ánimo de concertación, tampoco tranquiliza. No sorprende entonces que los partidos de gobierno que no pertenecen al Pacto Histórico se muestren reacios a esta iniciativa.
Por los lados de la laboral, las preocupaciones se multiplican. De ser un texto supuestamente “concertado” con los gremios, según el gobierno, pasamos ahora a advertencias de la Andi y Fenalco sobre el grave impacto en la informalidad y el muy probable aumento en el desempleo. Y no era para menos cuando se inflexibiliza el mercado laboral en contravía a tendencias mundiales que se han consolidado postpandemia. Ya la Procuraduría General de la Nación expresó sus profundas preocupaciones frente a este proyecto, especialmente en las actividades estacionarias y en las necesidades especiales de la micro y pequeñas empresas. Ya por lo menos, sobre esta iniciativa, el Partido Conservador anunció su rechazo.
La reforma pensional es otro galimatías. Pone en riesgo la sostenibilidad fiscal a largo plazo al no contemplar las curvas de crecimiento poblacional, reduce el stock de ahorro sobre el PIB en cuentas individuales, anula la capacidad de elección del trabajador, y pone en riesgo todo un sistema que le ha servido al país, al mercado de valores y a la deuda pública. Todo esto para reducir presión fiscal en el corto plazo y poder gastar más. Es decir, otra tributaria por la puerta de atrás.
Ya veremos qué suerte corren estas iniciativas y la capacidad del Legislativo de ser muro de contención a este exceso de activismo normativo, ideologizado, y carente de sustento técnico, por decir lo menos. De frenarse o modificarse sustancialmente, la agenda reformista del presidente Petro quedaría prácticamente frenada.
Le queda sin duda, la capacidad del gasto producto de la reforma tributaria, pero esta también sería mermada por la desaceleración económica. Si bien podría concentrarse en la “Paz Total” y su activismo internacional, su falta de compromiso y resultados en la lucha contra el narcotráfico, rayando en la complicidad, seguramente pasarán factura. Aquí sí no habrá momento Boric en el sentido que este último tiene muy claros sus límites morales con dictaduras como las de Venezuela y Nicaragua. Y sin escándalos familiares.