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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) representa para un gobierno la carta de navegación que va a guiar su accionar durante el cuatrienio y debe reflejar, por supuesto, las propuestas de campañas presentadas al electorado. En esto, hay que aceptar que el documento, con una extensa carga ideológica en sus bases y con unas propuestas disruptivas pero sin mucho sustento técnico, se parece bastante al discurso del presidente Petro. Adicionalmente, desde que empezó el proceso con los “Diálogos Regionales Vinculantes” que resultaron en desordenadas concentraciones de miles de actores, sin método y coordinación claras, ya la construcción de las bases del documento no pintaba bien.
A pesar de estos antecedentes, y voy a empezar por lo positivo, el documento se enmarca dentro los lineamientos del Marco Fiscal de Mediano Plazo y respeta la regla fiscal como está establecida. Aquí se ve claramente la mano del ministro Ocampo, buscando la estabilidad macroeconómica aun en medio de propuestas radicales. Lo clave es que efectivamente se cumpla lo postulado.
También se reconoce que los privados pueden jugar un rol importante y destaca que las alianzas público-privadas pueden participar en la ejecución de políticas y programas, pero no son claros ni en los mecanismos ni los ámbitos. Y lo más lamentable, es que donde más han sido exitosas estas alianzas, que son tanto en infraestructura como en pago por impuestos, no se contemplan nuevas iniciativas.
Esto nos lleva a una de las contradicciones más grandes del documento que es como acompañar una ambiciosa agenda social con unos crecimientos relativamente bajos y desprovistos de los elementos que lo empujan. No es posible que con incrementos en el PIB de 1,3% en 2023, 2,8% en 2024, y 3,6% en 2025 y 2026, podamos lograr, como bien lo anota Anif, “metas de reducción de pobreza (contracción de 3,8 puntos en la incidencia de pobreza monetaria), generación de empleo (se espera una tasa de desempleo de 8,8% en 2026) y disminución de la informalidad.”
Si miramos el componente de infraestructura, el PND se queda absolutamente corto en las necesidades del país y deja por fuera importantes proyectos ya estructurados, especialmente en el Suroccidente. No hay iniciativas nuevas de impacto contempladas salvo referencias al tema férreo y fluvial. Y el tema de vías terciarias es positivo solo en la medida que puedan desembocar en troncales que les brinden conectividad. Es claro también en la lectura, que las grandes obras de infraestructura 4G y 5G no están en el visor de un gobierno que le apuesta equivocadamente al mecanismo de obra pública, caracterizado en el pasado por atrasos, deficiencias en la calidad y mantenimiento, así como sobrecostos. Es decir, la posibilidad de un rezago importante en este frente tan vital es real y peligrosa.
Tampoco es claro el mecanismo de las alianzas publico populares como mecanismo de inversión de dineros públicos, por las posibles falencias en la mayoría de las organizaciones comunitarias para llevar a cabo obras de cierta complejidad. Y que no hablar de las múltiples facultades extraordinarias que se le otorgan al gobierno, en lo que parecen más un cheque en blanco para una reorganización extensa de la ejecución del gasto público, en detrimento de las funciones constitucionales otorgadas al Congreso de la República. Ojalá el Legislativo despierte de ese letargo y asuma con juicio su responsabilidad frente a un PND que podría estancar al país en verborrea ideológica, y en la falta de claridad sobre las políticas que verdaderamente nos permitan seguir creciendo y salir de la pobreza.