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Los objetivos de política económica del país deben atender los cambios acelerados que vienen transformando los patrones de consumo, de producción y las dinámicas de sectores y mercados. La actual revolución tecnológica ha venido generando impactos sociales y económicos que merecen discusiones de política con altura para abarcar temas clave y preparar al país para las transformaciones de la inevitable incursión de lo digital en la vida cotidiana.
La acelerada evolución de las herramientas tecnológicas y su masiva incursión, no solo en las industrias, sino en todas las facetas habituales de la humanidad, impone retos de política de cara al mediano y largo plazo. La entrada del machine learning y la robótica, entre otros, ya están representando transformaciones sustanciales en la economía. Sectores como el de servicios han extendido su oferta gracias a las bondades de la digitalización y a las tendencias de conectividad móvil, así como el sector manufacturero, que ha tendido a desplazar la mano de obra por maquinaria especializada para reducir tiempos de fabricación. Así, es posible identificar múltiples sectores en los que la tecnología ha generado cambios disruptivos.
Por parte de los mercados, uno de los más afectados por la incursión digital es el laboral. Esta nueva etapa de industrialización promueve cambios en las asignaciones de mano de obra, no solo desplazando empleos por la llegada de maquinaria especializada, sino también creando nuevas vacantes con características específicas alineadas con las nuevas tendencias en tecnología. En este aspecto, el llamado es a intensificar los esfuerzos en contra de la informalidad, debido a que si se pretende una transición exitosa hacia la nueva revolución tecnológica, no existe otra opción que trabajar conjuntamente entre el Gobierno y el sector privado para identificar correctamente cuáles serán las políticas sociales, económicas y educativas que se alinean más con la nueva demanda laboral.
No obstante, existen retos más a largo plazo derivados de todo lo anterior. Es claro que esta era tecnológica generará beneficios en materia de productividad y competitividad, un aspecto clave que en el actual Plan Nacional de Desarrollo se ha querido enfatizar. Sin embargo, debido a la celeridad de estos cambios y los grandes efectos, ya mencionados, es importante dar pasos certeros en aras de mejorar la infraestructura, la normativa y las políticas requeridas para promover un país más productivo y competitivo.
Ante esto, existen sectores, como el financiero y el mercado de capitales, en los que cala con mayor profundidad el tema en cuestión, debido a las acentuadas transformaciones en toda su actividad por la llegada de nuevas herramientas digitales. En el nuevo panorama domina la necesidad de un ambiente regulatorio amigable que entienda los grandes esfuerzos realizados por el sector y la obligación de materializarlos con mayor facilidad.
En suma, la nueva era digital requiere de un país preparado para las múltiples transformaciones de las cuales seremos testigos muy pronto. Para lo anterior, se requiere la búsqueda de espacios de discusión profundos para establecer una agenda política en donde el tema central sea cómo minimizar los efectos negativos de la disrupción digital sobre algunos mercados y, así mismo, cómo maximizar los beneficios. En buena hora el país ha comenzado a abrir estos espacios de debate dada su relevancia sobre la actividad económica y el bienestar social.
