Un dolor de cabeza

La reciente divulgación de los denominados “Papeles de Panamá” renovó el debate en torno a la existencia de las sociedades offshore, su reglamentación y conveniencia.  Bien vale la pena señalar que la constitución de este tipo de sociedades no es reprochable per se, dado que es una herramienta muy útil para aquellas personas que tienen como actividad el comercio exterior, en la medida en que facilita el movimiento de capitales, reduce costos y previene la materialización de riesgos cambiarios. Sin embargo, hay que señalar también que algunas personas han utilizado este tipo de sociedades para ocultar bienes o capitales (evitando declararlos en su país de residencia), lavar activos, entre otras actividades ilícitas, lo que ha terminado afectando los niveles de recaudo efectivo.

Así lo muestra un estudio de la Ocde, que encontró que para 2013 las pérdidas globales por recaudo del impuesto sobre las sociedades estuvieron entre 4% y 10%, esto es, entre US$100.000 millones y US$240.000 millones. Sin lugar a dudas, la evasión fiscal se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las administraciones tributarias, por lo que varios organismos internacionales como la Ocde o la Comisión Europea han trabajado fuertemente en planes y proyectos para enfrentar esta problemática y dotar a las administraciones de mejores herramientas para lograr una fiscalización más eficiente.

Un ejemplo de ello es el “Plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios” (Beps por sus siglas en inglés), un proyecto liderado por la Ocde cuyo objetivo principal es combatir las planeaciones tributarias agresivas de los grupos empresariales o multinacionales, que encuentran en los vacíos normativos de la tributación internacional una gran oportunidad para eludir.

Colombia no ha sido ajena a este proceso y ha venido incorporando acciones en línea con la normativa internacional y las recomendaciones de la Ocde. En efecto, en las últimas reformas tributarias, el país incluyó importantes medidas para combatir la evasión y la elusión, como la cláusula general antiabuso, las normas de subcapitalización introducidas con la Ley 1607 de 2012, así como el impuesto de normalización tributaria, creado con la reforma de 2014, normas que buscan detectar y sancionar aquellas operaciones que tienen por objeto minimizar el impacto tributario.

Uno de los pasos más importantes que ha dado el país en su incansable lucha contra la evasión fue la creación del impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza, una especie de amnistía que busca motivar a los residentes fiscales colombianos a legalizar sus activos omitidos y normalizar sus declaraciones. Adicionalmente, como complemento a esta disposición, la Ley 1739 de 2014, que comenzará a regir a partir del 2018, busca agravar la sanción sobre activos omitidos o pasivos inexistentes.

Si bien el país ha avanzado de manera importante en este frente, aún persisten vacíos regulatorios, en especial en lo que tiene que ver con las normas generales antiabuso. Dicha normatividad ha sido ampliamente criticada por su generalidad, pues su aplicación depende en gran medida del criterio que tenga el funcionario administrativo sobre la norma y operación económica concreta que esté fiscalizando. De allí que establecer si una operación o estructura de planeación tributaria es legítima no es una tarea fácil en la práctica.

Luchar contra la evasión fiscal requiere no solo del decidido esfuerzo del país en materia regulatoria, sino de la cooperación internacional de las diferentes administraciones tributarias, del establecimiento de lineamientos y normas generales a nivel internacional y del trabajo conjunto entre países en el intercambio de información. 

Solo así, las administraciones podrán contar con mejores herramientas para fiscalizar y sancionar a los evasores. Esto traería enormes beneficios en términos de recaudo, fortalecimiento fiscal y eficiencia, garantizaría una sana competencia entre las diferentes jurisdicciones y permitiría que los grandes capitales tributen de manera más equitativa.