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Hasta hace unos pocos meses el panorama económico mundial para este año era promisorio, a pesar de la incertidumbre que sobre los mercados internacionales ejercían eventos como conflictos geopolíticos, movilizaciones sociales y abruptos cambios climáticos experimentados en distintas regiones.
Sin embargo, el brote del virus Covid-19, que no tiene precedentes históricos, ha cambiado de manera significativa estas perspectivas. De manera paralela a la implementación de medidas sanitarias para detener la propagación del virus a nivel global, se han presentado cuantiosas pérdidas en los mercados de capitales, una ostensible interrupción de las cadenas internacionales de suministro y la desaceleración de la demanda externa.
Estos aspectos, sumados a la incertidumbre sobre el tiempo que tomará la erradicación del virus y la magnitud de su impacto sobre la economía global, terminarán afectando las decisiones de inversión en el corto y mediano plazo.
En esta línea, recientemente la Ocde revisó a la baja el estimativo de crecimiento mundial que tenía para 2020 de 2,9% a 2,4% por efecto de la pandemia, aunque advierte que, de prolongarse sus efectos, el ritmo de expansión bordearía 1,5%. En este escenario, economías tan importantes como las de la Unión Europea presentarían importantes contracciones.
Estos estimativos, que podrían ser optimistas si los riesgos se exacerban, evidencian una emergencia tanto sanitaria como económica que requiere de acciones decididas por parte de las autoridades económicas. En efecto, tanto en países desarrollados como emergentes, los bancos centrales y los gobiernos han venido tomando decisiones de política monetaria y fiscal con el fin de proveer una mayor liquidez y proteger a los hogares y empresas afectadas por la paralización de la actividad productiva.
En el caso colombiano, la difícil coyuntura se ve agravada por el rompimiento del acuerdo entre Rusia y la Opep, el cual ha derivado en una guerra de precios que, de extenderse, llevaría a que la cotización del petróleo Brent bordee US$40 por barril en 2020, nivel inferior al establecido por el gobierno en el Plan Financiero (US$60,5).
Así las cosas, ante (i) la desaceleración de la economía local, que de manera preliminar podría alcanzar entre 0,6 pp y 1,9 pp, llevando el crecimiento al rango 1,5%-2,8% este año, (ii) la ampliación del déficit en cuenta corriente y (iii) el eventual deterioro del mercado laboral, es posible afirmar que el nuevo panorama se muestra mucho más retador que en episodios anteriores de estrés, como el de finales de 2014 y el posterior a la crisis financiera de 2008.
Ahora bien, cabe anotar que la respuesta del Gobierno Nacional y el Banco de la República ante este complejo escenario ha sido más que oportuna, toda vez que permiten que el crédito continúe fluyendo al sector privado y se apoye a los segmentos más vulnerables de la población por medio de transferencias monetarias que atenuarían las pérdidas de sus ingresos durante la emergencia. Adicionalmente, las iniciativas de las entidades financieras y compañías del sector real encaminadas a mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre la economía también deben ser destacadas.
Si bien esta coyuntura, atípica y compleja como pocas, supone grandes desafíos dados los efectos negativos que tendría sobre nuestra economía en el corto y mediano plazo, también genera oportunidades para que como país lleguemos a consensos sobre las reformas que nos permitirán enfrentar este fenómeno. Hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer la cohesión social que ha caracterizado a nuestra nación.
