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Los últimos resultados en materia económica, que evidenciaron un crecimiento de 3,3% en 2019, muy cercano al 3,5% promedio de los últimos cincuenta años, demuestran que Colombia continúa recuperando su ritmo de crecimiento. Los indicadores sociales, sobre los cuales debería recaer el progreso económico, demuestran también un avance significativo, aunque con ingentes retos si queremos cumplir las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022.
Desde inicios de este siglo, se han desplegado distintas políticas públicas que buscan dar fin a la pobreza, un fenómeno que aqueja a la mayoría de los países emergentes y que es altamente monitoreado por organismos multilaterales. En Colombia, los avances en este frente han sido significativos: la incidencia de pobreza monetaria pasó de 49,7% en 2002 a 27% en el 2018 (último registro disponible), una mejora de casi 13 puntos porcentuales. Similar es el caso de la pobreza monetaria extrema, que pasó de 17,7% a 7,2% durante el mismo período. De hecho, el incremento real del ingreso per cápita entre 2011 y 2018 ha sido mayor en la población de menores ingresos, dando cuenta de la efectividad de las iniciativas gubernamentales.
No obstante, aún persisten retos de cara al mediano plazo para lograr las metas de pobreza y pobreza extrema del PND (21% y 1,3% respectivamente), las cuales requerirán de esfuerzos mancomunados entre el Gobierno y agentes privados para estimular herramientas que tienen una estrecha relación con el desarrollo socioeconómico y el crecimiento inclusivo de los países.
Una herramienta efectiva en la consecución de estas metas fundamentales es la Inclusión Financiera, la cual se ha convertido en un tema prioritario en las agendas de política pública a nivel global, principalmente en los países en vía de desarrollo. Todo ello gracias a su papel en el crecimiento económico de largo plazo y su potencial en los individuos de la base de la pirámide (porcentaje de la población con ingresos menores a dos SMMLV).
En Colombia, la inclusión financiera ha presentado importantes avances en la última década. Mientras en 2008 el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero era de 55%, en el tercer trimestre de 2019 esta cifra alcanzó 83%. Estos resultados evidencian que en el país es cada vez mayor el número de personas que cuentan con mecanismos para proteger su ahorro, suavizar el consumo y acumular capital. Este mayor acceso al crédito formal reduce, a su vez, las altísimas tasas de los préstamos gota a gota tan frecuentes en la población más vulnerable.
Sin duda, la reducción efectiva de la pobreza se desprende de factores tanto económicos como políticos que continúan demandando el trabajo de distintos sectores. Dada la brecha que aún se registra en materia de inclusión financiera entre grandes ciudades y las zonas rurales que concentran los mayores niveles de pobreza monetaria, continua siendo imperativa, desde la política pública, la estructuración de una estrategia de educación financiera transversal, donde se permitan desarrollar mecanismos de capacitación sobre el funcionamiento y el conocimiento de diferentes productos financieros, pensados acorde al perfil, preferencias y capacidades de la base de la pirámide.
Avanzar en estos frentes permitirá garantizar la inclusión informada y el adecuado uso de los productos financieros de la población vulnerable, como estrategia para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos.
