Y hablando de aporte fiscal

Como ningún otro, el trámite de la Reforma Tributaria es el tema protagónico de la agenda económica del país en este último tramo de 2016. Sin lugar a dudas, buena parte de las esperanzas de materializar una reforma que por fin tenga el carácter de estructural están depositadas en el Proyecto de Ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de la República y que se presenta como una oportunidad para lograr la modernización de la estructura tributaria del país, basada en criterios de progresividad, eficiencia, simplicidad y equidad. 

Precisamente, los ajustes que requiere nuestra estructura tributaria lucen cada vez más imperativos en la medida que siguen siendo notorios los efectos negativos de las excesivas cargas tributarias sobre la competitividad empresarial. Situación que se vuelve particularmente álgida en una coyuntura como la actual, en la que requerimos de empresas más competitivas que ayuden al país a encauzar de nuevo su crecimiento económico hacia niveles que superen el 4% real de manera sostenida. Un requisito necesario para darle curso sólido al proceso de avance hacia mayores niveles de desarrollo que redunden en mejores niveles de bienestar para la sociedad colombiana.

Si bien es cierto que el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria contiene algunos elementos estructurales y busca equilibrar las cargas impositivas entre las personas naturales y las empresas, un análisis detallado del articulado también permite identificar el potencial impacto negativo que este puede tener sobre el sector bancario y crediticio, que se aunaría a las que ya está asumiendo el sector, en aras de contribuir con la sostenibilidad fiscal del país. Y es que este aporte fiscal que ha venido asumiendo el sector se ha traducido en tasas de tributación que ya sobrepasan el 60% de la utilidad. Esta cifra no solo es la más alta de la última década, sino que también supera las tasas de tributación de varios sectores económicos. 

El Proyecto de Ley contiene elementos que, lejos de mantener su carácter de neutralidad para la industria bancaria y crediticia, amenazan con aumentar las ya considerables cargas tributarias que asume el sector, elementos entre los que se destacan: i) el carácter permanente del GMF, ii) el posible incremento de la tributación por concepto del impuesto de renta, iii) el IVA a los servicios de las plataformas electrónicas, iv) el impacto del aumento del IVA sobre la compra de bienes y servicios que realiza el sector, v) el impuesto a los dividendos y vi) la tributación al financiamiento de la vivienda. En caso de que se materialicen estos elementos tal y como están estipulados en el articulado de la reforma, se generarían efectos poco deseables que afectarían la dinámica sectorial, la cual, por el contrario, se debe mantener vigorosa para poder seguir afrontando de manera exitosa los retos que se le plantean al país en los próximos años tanto en el ámbito social como económico. 

Cada reforma de carácter tributario debe traer consigo una contribución por parte de los ciudadanos y es compromiso de todos aportar con este propósito. sin embargo, el llamado en estos momentos de definiciones cruciales en materia tributaria para el país no puede ser otro que el de aportar a la sostenibilidad fiscal, pero bajo criterios de equidad, de manera que cada persona, sector o actividad aporte de acuerdo a sus capacidades y evaluando las cargas ya asumidas. 

En tal sentido, las discusiones que deben darse hasta la aprobación de la Reforma Tributaria tienen que seguir direccionadas a evitar, a toda costa, que se castigue la formalidad y a consolidar los ajustes que sobre esta materia se vienen gestando. Llegar a un acuerdo sobre este punto es crucial para aumentar la confianza en nuestra economía, preservar nuestra reconocida responsabilidad en materia de política económica y alejar de tajo el ruido que se ha generado sobre la posibilidad de no aprobar una Reforma Tributaria que garantice la estabilidad fiscal del país antes de finalizar 2016.