La corrupción no es el problema

A la forma más indignante de corrupción, aquella que ocupa la mayoría de titulares cuando estalla algún escándalo, es la relacionada con las acciones del Estado. A ella la conocemos como la influencia impropia sobre agentes estatales con el fin de conseguir riqueza. Según Transparencia Internacional, dentro de una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio), de 180 países estudiados, dentro de los países con peores puntajes está Venezuela con 15. Dentro de aquellos con mejores puntajes están Uruguay con 71 y Canadá con 77. Colombia ocupa el puesto 92 con un puntaje de 39.

La corrupción es un agente que empobrece a quien no participa de ella. En Colombia, por la corrupción, se elevan los costos de hacer inversiones -sin mencionar los costos propios de la alta tasa efectiva de tributación- en comparación con países con bajos grados de corrupción, disminuyéndose el crecimiento económico y el ingreso per cápita. En términos de violaciones a la libertad económica y al proceso de la competencia, ello quiere decir que a los consumidores se nos impide acceder a productos que ciertos empresarios por fuera y dentro del país serían capaces de producir de mejor forma y a precios más bajos. Se nos niegan los beneficios de las ventajas comparativas geográficas que han surgido alrededor del afán de satisfacer nuestras necesidades y de conseguir ganancias empresariales, arrojándonos a tener que consumir de productores ineficientes.

Por más dañina que parezca la corrupción para la libertad económica, por más culpa que los políticos le atribuyan de todos los problemas sociales, es prudente darnos cuenta de que ella es tan solo el reflejo de una causa remota. El problema de fondo no es tanto que se paguen sobornos para impedir la entrada de un competidor al país, sino que exista un agente estatal con la potestad de tomar la decisión sobre quién compite y quién no -y que tal prerrogativa se le arrebate al mercado.

El Estado es la única agencia que consigue recursos por medio del irrespeto del derecho de propiedad, amparado por la legislación que él mismo crea. Con los recursos que expropia, el Estado hace cosas: controla precios; otorga subsidios y licencias monopolísticas, etc. Dado que se trata de la influencia impropia sobre agentes estatales, en lugar de prestar atención al acto de influir como tal, debemos fijar nuestra atención en las funciones en manos de agentes prestos a ser impropiamente influenciados; y en el hecho de que aquellas funciones crecen en número con el paso del tiempo -particularmente en un Estado social de derecho, del que se espera que cada vez asuma más funciones.

Entre mayor sea el número de esas funciones en manos agentes estatales, mayor será la propensión a utilizarlos como vehículos de extracción de ingresos provenientes, no del ejercicio exitoso de la libertad económica al momento de identificar las mejores formas de satisfacer las necesidades de las personas, sino de los distintos actos de saber a quién influir, en qué momento hacerlo y en qué cuantía.