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La ideología izquierdista anti-mercados ha ido en ascenso en América Latina en las dos últimas décadas. El malestar social del periodo 2016-2018 vino a agravar las presiones fiscales, recargando las obligaciones pensionales sobre el Estado, en vez de aliviarlas a través del ahorro individual de largo plazo.
En Brasil, las finanzas públicas han duplicado su gasto pensional y hoy bordea 11% del PIB por año (vs. 34% del PIB de recaudo, representando ya un tercio del esfuerzo financiero Estatal). En Colombia también se ha duplicado y hoy alcanza 4% del PIB (vs. 14% del PIB de recaudo, representando un esfuerzo similar al del Brasil).
En Argentina, el populismo Kirchner (2007-2015) acabó con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) al usar sus recursos como caja-pública de corto plazo. Ahora Fernández-Kirchner han continuado agravando la situación: i) provocando renegociaciones de su deuda pública, aún contando con apoyos del FMI; ii) la inflación continua a ritmos del 40%-50% anual; y iii) se crean falsas expectativas de subsidios pensionales generalizados y a elevadas Tasas de Reemplazo (TR = Beneficios Pensionales / Contribuciones Salariales) de 75%, cuando las del mercado global son de 50%.
Las Afores de México venían promoviendo, desde 1997, las inversiones privadas de largo plazo. Sin embargo, se cometió el error de homologar las TRs con las del sistema público de “reparto simple”, generándose alta presión sobre sus finanzas públicas. Ello resultó en “traslados express” como los que han intentado montarse en Colombia, lo cual puede implicar un gasto fiscal adicional de 3,3% del PIB en nuestro país.
En Perú, se habían aprobado, en 2016, serios drenajes al ahorro en AFPs a través de: i) permitir retiros hasta de 95% al acercarse la edad de pensión (65 años), en vez de promover “rentas vitalicias”; y ii) utilizar hasta 25% de esos ahorros para comprar vivienda, sin atarlos a “hipotecas reversibles”. Tras pandemia, se han drenado aún más los ahorros al habilitarlos para gasto corriente, como en casi toda la región.
En Chile, también se venían presentando (entre 2015 y 2019) serias protestas por el supuesto fracaso de tal sistema privado. Sin embargo, dicho sistema ha sido exitoso para quienes ahorraron durante más de 25 años al obtener retornos históricos de 6% real por año (neto de comisiones) y así alcanzar TRs de 45%-55%. Su cobertura efectiva (Pensionados/PEA en edad) es tan alta como un 80%, equiparable a países Nórdicos (ver Ocde, 2020, “Pension Markets in Focus”).
El problema en Chile ha tenido que ver con: i) algunos continúan comparando erradamente esas TRs de mercado (sin subsidios) con TRs del antiguo sistema público (a 75%-85% apoyadas por regresivos subsidios); y ii) han existido algunas pensiones bajas (inferiores al SML) al no habilitarse allá “devoluciones de saldos” cuando no se alcanzan montos mínimos de ahorro (unos $180 millones en Colombia).
De allí la importancia de activar en Colombia el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm) para así acceder al mercado de “rentas vitalicias”, en vez de continuar con devoluciones o insulsos BEPs, donde solo 250.000 (20% de inscritos) ahorran sumas tan bajas como $20.000 por mes. La Administración Duque nunca activó el acceso a $25 billones del Fgpm, lo cual hubiera creado unas 500.000 “rentas vitalicias” y elevado la cobertura pensional de 25% a 35% de la PEA.
En Colombia, las AFPs han sido exitosas en: i) lograr excelente retornos históricos del 8% real-anual en ahorros obligatorios (netos de inflación y del cobro de comisión que promedia 1% anual sobre el monto acumulado del ahorro); y ii) diversificar sus portafolios al incluir los de infraestructura en 2015, como lo hizo Chile décadas atrás. El gráfico adjunto ilustra cómo dicha rentabilidad para el ahorrador del sistema obligatorio ha estado entre el 6,5% y 8,3% real-anual, según se mida por TIR-flujo de caja o por valor de la unidad (siendo la más correcta esta última).
No deja de sorprendernos que alguien conocedor de finanzas como Salomón Kalmanovitz, excodirector del Banco de la República, asevere sin sustentarlo (El Espectador de julio 4 del 2021) que el retorno promedio histórico de 8% real por año sea bajo, que el cobro de 1% sobre activos sea elevado y que habilitar inversiones en infraestructura constituya “auto-préstamos”.
Continúa siendo válida la queja estructural de tenerse baja cobertura pensional en Colombia, cercana a 40% de la PEA, donde un 70% de afiliados están en AFPs-privadas y 30% en Colpensiones-pública. Pero en buena medida ello se explica por la elevada informalidad laboral. Esta, a su vez, radica en el perverso efecto de las elevadas cargas no salariales sobre la nómina, la cuales llegaron al tope de 63% en 2012.
Es fundamental continuarlas reduciendo hacia no más de 30% frente al actual 50% que nos dejó la Ley 1607 de 2012. Esto reduciría el llamado monto del “impuesto puro”, que explica por qué de 16% de cotización solo 11% va a engrosar el ahorro.
Y estamos de acuerdo con quienes propugnan por mayor competencia entre AFPs, tal como debe ocurrir en todos los servicios públicos. Pero resulta que, sin existir barreras a la entrada, solo quedan 4 de los 7 jugadores iniciales. ¿Acaso no será este el resultado de inversionistas extranjeros que se han ido ante las crecientes amenazas a las AFPs en toda la región?
