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La calificadora Fitch divulgó la semana pasada un reporte sobre la situación macro-fiscal de Colombia, en el cual manifestó su preocupación por la posibilidad de una degradación fiscal antes de finalizar el año 2017. Esta señal causó algo de sorpresa, pues esa misma calificadora había dado un parte de alivio meses atrás al moverse de su “perspectiva negativa” hacia una “perspectiva estable”, aduciendo que la aprobación de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016) le permitía ser un poco más optimista en materia de recaudos.
También abrigaba Fitch la esperanza de que la relación Deuda Pública Bruta/PIB pudiera iniciar, tan pronto como en 2018, su descenso respecto del preocupante nivel cercano a 50% (unos 10 puntos del PIB por encima del referente internacional de países que mantienen dos escalones por encima de la calificación de grado de inversión).
En dicho comunicado, Fitch ahora expresa su preocupación sobre Colombia en tres frentes: i) menor crecimiento económico, probablemente más cerca de 2% en 2017 y de 3,2% en 2018 (pero estas cifras ajustadas también podrían resultar siendo optimistas); ii) menores precios del petróleo y menor producción petrolera (bajando hacia los 800.000 bpd vs. los 900.000 bpd del MFMP-2016 en el horizonte 2018-2020); y iii) mayor gasto público, todo lo cual se refleja en una meta de déficit fiscal más elevada de 3,6% del PIB (vs. 3,3% que se había anunciado previamente).
En la identificación de este cúmulo de “factores a la baja”, Fitch no ha estado solo, pues la calificadora S&P, de hecho, ha sido más consistente al haber mantenido su “perspectiva negativa” sobre Colombia, dado que los réditos de la tributaria desde un principio los evaluó como de bajo calibre. En esa misma vena, Anif ha venido expresando también sus reservas, pues el recaudo adicional dejado por dicha tributaria difícilmente superaría 0,6% del PIB anual, mientras que Fedesarro-llo lo ve diluyéndose hacia cero en los años 2020-2022.
En este frente tributario, Fitch olvidó mencionar que inclusive el recaudo efectivo durante el primer semestre de 2017 ha sido más bajo de lo esperado. En efecto, el cuadro adjunto nos indica que, en el período enero-junio de 2017, el total del recaudo ha estado creciendo cerca de 1% real anual. Pero lo requerido eran crecimientos del recaudo cercanos a 7% real anual para poder alcanzar la meta establecida por el MHCP (calculando recaudos netos de devoluciones).
Dicho de otra manera, la desaceleración económica está haciendo muy difícil que se logre la meta de elevar la relación Recaudo/PIB a los niveles presupuestales deseados de 14,2%, consistentes con el déficit de 3,6% del PIB. Como están las cosas, seguramente nos quedaremos estancados en una presión tributaria de 14% del PIB en 2017, no muy diferente del mal desempeño que se tuvo en 2016, cuando cayó inclusive a 13,6% del PIB por cuenta del bajo crecimiento económico de 2% y de las pocas ganancias que se observan en el frente de lucha contra la evasión y la elusión.
Prospectivamente, el FMI y Fitch habían sido de la opinión de “grandes progresos” en la lucha contra la evasión, al punto de creer que para el período 2018-2022 se lograría elevar el recaudo en cerca de 2 puntos del PIB, hasta llevarlo de forma sostenida hacia 16% del PIB. Hoy vemos a Fitch algo escéptico en este frente y creemos que pronto las tozudas cifras harán recapacitar al complaciente FMI que anda contagiado del … todo bien… todo bien…, preso de su “economía política” de apoyo incondicional a la etapa de posconflicto.
Estos campanazos sobre posible degradación fiscal de Colombia, tan pronto como en el período octubre de 2017 a junio de 2018, no son temas que puedan manejarse en “piloto automático”, simplemente poniendo una pincelada de menor gasto público en el Presupuesto de 2018 (… ello es inminente y ojalá no ocurra nuevamente en el componente de inversión, pero es totalmente insuficiente).
