Colombia y los organismos internacionales

Durante los últimos años hemos venido asistiendo a un continuo deterioro del panorama político global, siendo bien conocido el recrudecimiento del sentimiento anti-establecimiento en resultados electorales de gran calado. En el mundo desarrollado se destacan: i) la sorpresa Trump (en 2016) al interpretar ese sentimiento de la clase baja blanca (los llamados “left-behinds”); y ii) el Brexit, con serias repercusiones negativas tanto para Gran Bretaña como para la Unión Europea.

Más recientemente, esos sentimientos anti-establecimiento se han manifestado en una absurda “guerra
comercial” Estados Unidos – China y en el movimiento de Chaquetas Amarillas que tiene en serios aprietos la gobernabilidad de Macron en Francia (ver Comentario Económico del Día 28 de febrero de 2019).

Este desencuentro entre las recomendaciones técnicas de los economistas y el manejo político a través
de la democracia representativa genera gran tensión social y un indeseado escalamiento de la deuda pública. El horizonte cortoplacista de los políticos no se compagina con las promesas de bienestar de los economistas hacia el “muy largo plazo” (ver Blinder, 2018; Tooze, 2018).

La precaria recuperación de la economía global durante 2013-2018, infortunadamente, ha seguido beneficiando más a los quintiles de altos ingresos (ver gráfico 1). El auge de las acciones durante la última década (8% real anual en el S&P500), aupado en los estímulos monetarios, y los tratamientos tributarios preferenciales al capital explican tales resultados. En cambio, los ingresos salariales tan solo se han incrementado a ritmos de 1%-2% real durante la última década en Estados Unidos. Nótese cómo incluso esas alzas salariales se ubican por debajo del 3% real de ciclos de recuperación anteriores. En esto parece estar jugando en contra del “factor trabajo” el efecto disruptivo de las tecnologías lideradas por las llamadas FAANGs y la acelerada automatización de procesos mediante algoritmos de alta robotización, ver Informe Semanal No. 1447 de febrero de 2019.

El caso de América Latina:
Brasil y México en ciernes

En América Latina todo lo anterior se ha materializado en un “desencanto” con la democracia representativa, llegando esa insatisfacción a un preocupante 71% en 2018 (vs. 51% una década atrás), según cifras de Latinbarómetro. Este desencanto con “el sistema” llevó a modificaciones constitucionales de aplicaciones inmediatas para favorecer a quienes impulsaron esas reelecciones, experimentos que han mostrado malos resultados en Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, y desastrosos en Venezuela y Nicaragua. Colombia también experimentó con esquemas de reelecciones inmediatas que terminaron por resquebrajar los partidos y debilitar la institucionalidad de los llamados “pesoscontrapesos”, especialmente los provenientes de la Rama Judicial.

Pero América Latina parece no aprender de estas malas experiencias recientes y ahora México se ve
abocado al gobierno populista de López Obrador, el cual disfruta de una favorabilidad del 80%. Esto a
pesar de estar amenazando seriamente la sostenibilidad de la inversión extranjera, del sistema bancario y de su propio sector minero-energético (en cabeza de Pemex). En México la insatisfacción con la democracia había llegado al 60% antes de elegir a AMLO, no muy distante del 65% observado en Brasil antes de la elección de Bolsonaro a finales del año anterior (ver The Economist 2018, “Latin-Americans are Dejected About Democracy”).

¿Qué tan fuerte es la democracia en Colombia?
Curiosamente, el soporte pro democracia en Colombia continúa siendo superior al de México o Brasil, pero ahora el desencanto con la democracia se ha elevado de 38% a 45% durante la última década. Los
principales disparadores en este desencanto han tenido que ver con la corrupción y la falta de gobernabilidad-efectiva a todos los niveles, incluyendo las graves dificultades territoriales, donde el narcotráfico encierra un problema de muy difícil solución.

Tras haber caído en el error de la reelección inmediata, Colombia ha virado de gobiernos percibidos
como de “derecha” (Uribe I-II 2002-2010) hacia gobiernos de centro-izquierda (Santos I-II 2010-2018).
Y, nuevamente, hacia uno de centro-derecha (Duque 2018-2022), pero el cual ha tenido la virtud de querer encauzar nuevamente la “institucionalidad”, teniendo a su favor la no reelección y evitando expedientes de “espejo retrovisor”.

Al igual que ha ocurrido en Perú y Chile, Colombia hace grandes esfuerzos por deslindar el manejo económico de la pugnacidad política, particularmente difícil en este período de posconflicto. Se ha logrado reducir la pobreza a niveles de 26%, pero persiste la alta desigualdad con un Gini de 0,51.

Este grupo de Alianza del Pacífico ha tenido relativo éxito en dejar atrás los pobres crecimientos de 2% anual del período 2015-2017 y debería perfilarse hacia crecimientos de 3,5% en 2019-2020. No obstante, estas son cifras aún insatisfactorias respecto de su potencial histórico del 4,5% anual.

Tras una favorabilidad de 56% al momento de su elección en agosto de 2018, Duque enfrentó un rápido castigo al descender hacia un 23% al cierre de 2018 (según Gallup). Sin embargo, su acertado manejo de la crisis con Venezuela a lo largo de 2019 le ha permitido recobrar favorabilidad hacia un 42%.

Estas cifras le reconocen a Duque un acertado manejo a la hora de enfrentar las disidencias de las Farc y el mesiánico movimiento guerrillero del ELN, así como la crisis con Venezuela. Pero la opinión pública anda algo desconcertada al ver que ese repunte en el manejo de la problemática internacional se ve empañado con las serias dificultades que enfrenta el gobierno Duque en el plano económico. Si bien se tienen positivas expectativas de rebote económico hacia un 3.5% en 2020, también es cierto que se enfrenta un preocupante deterioro en el ámbito fiscal, en las cuentas externas y en el mercado laboral (con tasas de desempleo promediando 9,7%, agravadas por cerca de un millón de inmigrantes venezolanos).

¿Cómo debe manejar Colombia su participación en organismos internacionales?
Dada esta coyuntura histórica internacional “antiestablecimiento” y el escaso capital político de la Administración Duque, cabe reflexionar sobre la forma en que Colombia debe manejar sus organismos internacionales. De su atinado manejo dependerá que Colombia aproveche su buena posición de liderazgo en la región y que de allí se deriven ganancias en materia de “volver a querer la democracia representativa”. Esto será de vital importancia para los resultados electorales presidenciales de 2022. De fracasar en dicho intento, Colombia podría llegar a experimentar su primer gobierno populista-izquierdista en el período 2022-2026, con perspectivas poco halagüeñas a nivel socioeconómico.

El principal mensaje de Anif a este respecto es que, si bien cabe aplaudir el manejo que ha hecho el presidente Duque y su Cancillería de este espinoso tema de Venezuela, consideramos que su gobierno debe aprovechar ese impulso para definir mejor su liderazgo y participación en los organismos internacionales. Por ejemplo, Colombia ganaría grandes retornos políticos si impulsa la solidificación de la OEA (aprovechando su Asamblea en junio de este 2019 en Medellín). De la misma forma, Colombia debe sacudirse, de una vez por todas, de la burocracia inoficiosa de la CAN (el Acuerdo de Cartagena con Venezuela, Perú y Ecuador). Este obtuso manejo del comercio internacional ya no tiene ningún sentido. Deben negociarse acuerdos bilaterales que aprovechen la experiencia ganada con las plantillas existentes con los Tratados de Libre Comercio-TLCs con Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente Duque debería aprovechar su acertada decisión de abandonar recientemente Unasur, e impulsar el fin de la CAN. También debe acelerar su ingreso a la Ocde (con todas las obligaciones que esto implica, incluyendo el espinoso tema de la “chatarrización” de vehículos, ver Comentario Económico del Día 25 de febrero de 2019).

El acertado retiro de Unasur
La Unión de Países de América Latina (Unasur) nació en 2007-2008 con el propósito de “ser un espacio de integración cultural, económica, social y política, respetando la identidad de los miembros”. Pero es bien sabido que su verdadero propósito era convertirse en el vehículo de internacionalización del socialismo bolivariano. A pesar de las serias sospechas que han debido despertar las alianzas de Venezuela, Argentina, Bolivia y Nicaragua en tal propósito, incluso varios organismos multilaterales
cayeron en la trampa política de apoyar Unasur. Todo eso terminó por arrastrar a Brasil y Ecuador a tal redil.

Solo tímidamente se armó la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México) para enfrentar UNASUR por la vía de impulsar la alternativa pro mercado (ver Comentario Económico del Día 13 de agosto de 2014).

Unasur se dedicó a apoyar sentimientos anti-globalización, buscando (y logrando) desprestigiar el decálogo ortodoxo del llamado “Consenso de Washington”. Todas estas ínfulas populistas en últimas deterioraron la calidad de las políticas públicas en buena parte de la región y explican aún ahora el precario desempeño de América Latina, con crecimientos de apenas 2% en su PIB-real durante la última década, ver gráfico 2.

Mientras tanto, Asia emergente ha venido creciendo a tasas de 6% real anual durante ese mismo período.
Unasur se resquebrajó con la reversa del ciclo de commodities de 2014-2017 y bajo la ineptitud de la presidencia pro tempore de Bolivia se vino abajo. A inicios de 2018, Argentina (ya bajo Macri), Brasil (bajo Temer), Chile, Paraguay y Perú anunciaron que suspendían indefinidamente su participación en Unasur. El gobierno Duque se movió en esa dirección tan pronto se posesionó en agosto de 2018 (pero anunciando una salida definitiva).

Colombia debe abandonar también la CAN
La CAN describe la triste historia de un club de comercio con seis miembros iniciales en su fundación
en el año 1969, de los cuales hoy solo quedan cuatro (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia) tras el retiro de Chile en 1975 y de Venezuela en 2006 (focalizando su apoyo a ALBA-UNASUR). En general, sus miembros destilan prevención mutua, violan sus acuerdos más fundamentales y, en la práctica, solo confían en la lentitud de su aparato jurídico y en la irrelevancia de las sanciones que allí se expiden.

¿Por qué Colombia insiste en desgastarse en la CAN? ¿Acaso no habría sido más conveniente haber aplicado, desde hace un par de décadas, el modelo chileno de acuerdos bilaterales dinámicos? Cabe recordar que esa estrategia del bilateralismo creíble no solo ha tenido un claro sustento teórico (Dornbush, 1991), sino que ha resultado ganadora en la práctica.

Colombia tiene muy poco para mostrar en esa tarea estructural de diversificación productiva-exportadora, observándose un estancamiento en US$12.000 millones (4% del PIB) en exportaciones de no-commodities. Es evidente que allí hay un grave problema de “Costo Colombia” (sobrecostos laborales, energéticos y de transporte), transversal a todos los sectores productivos de la economía.

¿Cómo avanzar en la línea de integración comercial y económica cuando la “retórica bolivariana-socialista” lo que viene imponiendo a lo largo de toda esta década son obstáculos al comercio? Anif considera que Colombia no debería desgastarse más en la CAN. Sus fuerzas deberían concentrarse en avanzar hacia acuerdos bilaterales con dichos países aprovechando la experiencia ganada con los TLCs con Estados Unidos y la Unión Europea. Todo parece indicar que cincuenta años de la CAN son más que suficientes para comprobar su ineficacia, ver Informe Semanal No. 992 de agosto de 2009.

Cimentar la adhesión de Colombia a la Ocde (a manera de conclusión)
Uno de los grandes aciertos de la Administración Santos I-II (2010-2018) fue haber impulsado las tareas para ser invitado a unirse al “club de buenas prácticas” de la Ocde. Esta invitación se dio tras realizar una serie de reformas estructurales sugeridas por la Ocde y recibir la aprobación de los 23 comités que componen dicha organización. Fueron cinco arduos años de trabajo para lograrlo (no muy diferente al cronograma que debió seguir Chile durante 2007-2010).

Ahora la Administración Duque debe cimentar dicho proceso de adhesión impulsando el tratado del caso
ante el Congreso y la Corte Constitucional. En particular, están pendientes temas procedimentales como: i) la aprobación de la Ley de inmunidades diplomáticas; y ii) la conformación de la misión de Colombia ante dicho club, por ahora recayendo esa representación en la Embajada de Francia (siendo evidente que allí se requiere de todo un cuerpo especializado en políticas públicas). Adicionalmente, falta el control de la Corte Constitucional a la adhesión de Colombia bajo la Ley 1850 de 2018.

El ingreso a la Ocde invita al Estado y al empresariado a aprovechar “esta plantilla” de buenas prácticas para corregir la problemática estructural (arriba señalada). Anif considera que Colombia debería usar a la Ocde como una catapulta para lograr la creación de una verdadera fuerza operativa (Task Force) que nos permita pasar de los discursos-diagnósticos hacia la acción correctiva (ver cuadro 1).