¿Cómo acotar el gasto público Hood-Robin?

Colombia ha venido mostrando indudables progresos en la lucha contra la pobreza durante la última década.  Por ejemplo, los datos más recientes señalan que la pobreza absoluta continuo reduciéndose en -1,1 puntos porcentuales (pps) durante el último año, bajando a niveles de solo el 28,2% de la población (13,1 millones de colombianos). De la misma manera, también continuo el descenso en la indigencia en -0.5pps durante el último año, registrando solo un 7,9% de la población (3,7 millones de colombianos).

Estos son progresos vitales para la consolidación de la paz.  Sin embargo, surge la inquietud sobre la sostenibilidad de estos progresos sociales a la luz de las dificultades fiscales que estará enfrentando Colombia, como el resto de la región, durante 2015-2016.    Es claro que en los favorables resultados en la lucha contra la pobreza se han mezclado las sinergias del buen desempeño macro, particularmente durante 2010-2014, con la expansión de los programas sociales tipo “Familias en Acción” o “Ley de Formalización y Primer Empleo” (Ley 1429 de 2010).  Sin embargo, estos últimos difícilmente podrán continuar con su expansión, dada la precariedad fiscal, y, además, requieren de una importante focalización para evitar crear un sistema “asistencialista” que invite a recargarse permanentemente en el presupuesto nacional.

Como es sabido, “Familias en Acción” hoy tiene una cobertura de 2,7 millones de hogares vs. 2,4 millones en 2010.  El programa de “Adulto Mayor” hoy beneficia a cerca de 1.500 personas vs. 882 en 2010.  Sin embargo, el DNP ha identificado que muchos beneficiarios, particularmente de “Familias en Acción”, se han vuelto permanentes y que su participación en el mercado laboral ya debería permitir “graduarlos de pobres”, precisamente para evitar verdaderas “trampas de pobreza” e informalidad.

Recordemos que el gasto público del país con “tinte social” se ha incrementado del 7.1% del PIB en 2002 al 9,3% del PIB en 2015.  Más allá de dicho nivel, lo verdaderamente preocupante resulta ser: i) la alta regresividad de algunos de dichos subsidios (tipo Hood-Robin… premiando a los ricos en detrimento de los pobres), especialmente en gastos de pensiones y asignaciones de las Cofamiliares; y ii) elevada inflexibilidad a la baja en dicho gasto.

Esta inflexibilidad a la baja del componente “social” quedó reflejada en el Presupuesto General de la Nación de 2016 (24,9% del PIB), donde el recorte se tuvo que hacer no en el gasto operativo, sino en el componente de inversión, por cerca de un 1% del PIB.  Se ha estimado que la inflexibilidad del gasto público en sus rubros de transferencias y gasto de personal-funcionamiento hoy asciende al 90% frente al 80% que se tenía una década atrás.  Así, el gasto en inversión apenas llegará a los $42,3 billones en 2016 (5,2% del PIB, incluyendo aquí el reciente anunciado de los $1,7 billones (0,2% del PIB), frente al 5,6% del PIB en 2015.  

Peor aún, al descontar de dicha inversión los recursos dirigidos hacia programas de subsidio social, por cerca de $12 billones (1,5% del PIB), la inversión (propiamente dicha) se reduciría hacia los $30 billones en 2016 (3,7% del PIB).  En aras de la transparencia, resulta indispensable que el MHCP proceda a “purgar” esas cifras que llaman falsamente “inversión” y que en realidad incluyen gastos claramente operativos.  ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que al hablar de formación bruta de capital fijo las cifras del DNP bordeen los 1,5% de PIB, mientras que el presupuesto de la nación denomina “inversión” partidas por valor de 5,2% del PIB? 

Todo lo anterior nos deja sentimientos encontrados:  mientras de un lado cabe aplaudir los esfuerzos del DNP por moverse en la dirección correcta de diseñar un “estatuto orgánico de subsidios” para focalizar bien el gasto social; de otra parte, el MHCP nos habla de grandes partidas de supuesta inversión que en realidad son gastos sociales con puro tinte operativo.