MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Tras 73 días de paro judicial en Colombia, Asonal anunció, el pasado 13 de enero, el levantamiento (óigase bien) “provisional” del paro de la Rama Judicial. Dicho paro del 2014-2015 vino a sumarse al caos judicial dejado por la cesación de actividades del 2008-2009 y del 2012-2013, solo que en esta ocasión fue mucho más grave. Esto debido a la forma extorsiva en que se montaron pretensiones salariales y presupuestales, que se habían negociado para años posteriores, y recurriendo a la paralización de cárceles y al activismo de sus múltiples sindicatos.
Con razón, en los inicios del 2015 se siente, tanto local como internacionalmente, una peligrosa sensación de “descuaderne institucional” en Colombia. El gobierno ha querido eludir sus responsabilidades en materia de ordenamiento de la justicia, simplemente enfatizando los progresos en las conversaciones de paz. Estos progresos en los diálogos de paz y la desmovilización bilateral, afortunadamente, son materiales y bienvenidos, pero no por ello el Ejecutivo debe soslayar sus obligaciones a la hora de hacer respetar nuestra Constitución, la cual prohíbe tajantemente la paralización de los servicios públicos fundamentales, como lo es el de la justicia.
¿Cómo no sentir que en Colombia estamos ante hechos de “Estado fallido” si la propia Corte Constitucional es desobedecida abiertamente por el Consejo de la Judicatura, tras la prohibición expresa, en 2013, de volver a permitir paros de la Rama Judicial?
Los pronunciamientos del Ministro del Interior y de Justicia lucen asustadizos; los Altos Consejeros (¿Super-Ministros?) corren tras bambalinas para “minimizar el daño”, pero nadie se compromete con hacer cumplir la Ley. De hecho, los órganos de control (Contraloría-Procuraduría) y de acusación (Fiscalía) continúan corriendo como el pastorcito gritando lobo-lobo-lobo, pero igual terminan cohonestando con la ilegalidad del paro al pagar los salarios de los huelguistas y el Ejecutivo hasta concede bonificaciones a los huelguistas, para que … por favor… vayan a trabajar. El “riesgo moral” ha sido inmenso y de allí que los sindicatos de la rama judicial estén llamando a nuevos paros judiciales.
Además de denunciar estos graves daños institucionales, Anif ha venido cuantificando los costos directos de dicho paro (asociados al lucro cesante presupuestales de la rama judicial) y sus costos indirectos (referidos a la perturbación del funcionamiento de la economía).
Por la vía presupuestal, hemos estimado que los 73 días de paro (septiembre 2014 - enero de 2015, excluyendo días de vacancia judicial) le valieron al país el equivalente al 0,5% del PIB del tercer trimestre de 2014. Nótese que este paro 2014-2015 ha sido el más costoso respecto a los de 2008-2009 y 2012-2013. El acumulado de estos repetidos paros judiciales representa un “sacrificio presupuestal” (días pagados y no laborados) equivalente a 1,1% del PIB (del momento en que ocurrieron).
En lo referente a la afectación de la economía, se tiene que la Sala Administrativa del CSJD había tasado el costo de la cesación de actividades (2012-2013) sobre la actividad económica en cerca de 0,05% del PIB trimestral. Si extra-polamos dicho cálculo a lo que ello pudo implicar en 2014-2015, tendríamos un costo indirecto adicional de otro 0,09% del PIB (del último trimestre del 2014).
En síntesis, este “descuaderne institucional” causado por paros repetidos del sector justicia tiene graves repercusiones sobre el bienestar del país. Los daños en materia de credibilidad del sector justicia, de sus Altas Cortes, de sus juzgados y del sector carcelario son muy grandes y difícilmente cuantificables. No en vano, después de la tradicional y bajísima credibilidad que ostenta históricamente el Congreso, ahora el desgreño administrativo y hasta la corrupción del sector justicia lo han hecho escalar a la segunda entidad con peor reputación en el país.
Como ciudadano, uno se pregunta: y ¿por qué será que en esta ocasión no prevaleció, así fuera por vía de la tutela, el respeto a los derechos de 46 millones de colombianos (frente a una minoría sindical)? Pues porque la propia “sal de la tierra” (el sector justicia) nos está fallando a la hora nona de hacer respetar el mandato Constitucional de ofrecer ininterrumpidamente los servicios de justicia (salvo por la vacancia).
