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*Con la colaboración de Juan Sebastián Joya y Cindy Benedetti
A lo largo del siglo XX, Colombia se esforzó (aunque sin mucho éxito) por promover el uso eficiente de la tierra y lograr una mayor equidad en su tenencia. Por ejemplo, las grandes Reformas Agrarias (Leyes 200 de 1936; 135 de 1961 y 160 de 1994) no lograron escalar la producción agroindustrial del país ni establecer un modelo exportador, como sí lo hicieron Brasil, Chile y, más recientemente, hasta Perú. Ello se ve reflejado en el estancamiento de las exportaciones agroindustriales (bordeando solo los US$7.000 millones/año, equivalentes al 2,1% del PIB). De otra parte, la tenencia de la tierra muestra altos índices de concentración (con un Gini tan elevado como un 0,87), ver gráfico adjunto.
La Reforma Agraria de 1936 quería promover el uso eficiente del suelo y la “industrialización” del campo. Ella fue poco exitosa, a pesar de establecer la figura de “extinción de dominio” en terrenos no explotados de grandes terratenientes. La Reforma Social Agraria (1961) creó el Incora, pero poco logró avanzar en la administración de tierras baldías. Después vendría el concepto de las Unidades Agrícolas Familiares (UAFs) que limitarían el tamaño de la propiedad, generándose un círculo vicioso de pequeñas unidades agrícolas de baja productividad, muchas de ellas de mera subsistencia.
La Reforma de 1994 intentó crear subsidios para modernizarlas, pero sin poder solucionar el problema de dotación de infraestructura agrícola adecuada. A pesar del enfoque pro-infraestructura adoptado desde 2002, el país no ha visto progresos significativos ni en distritos de riego, ni en navegabilidad fluvial, ni en adecuación de vías secundarias-terciarias (como nos lo recomendó décadas atrás el presidente Ricardo Lagos al explicar el éxito exportador agrícola de Chile).
Más recientemente, el proceso de paz con las Farc permitió llegar a un consenso en torno a la propiedad de la tierra en el posconflicto (formalizando y adjudicando predios baldíos a campesinos víctimas del conflicto). Sin embargo, sus avances han sido lentos. La Administración Santos quiso avanzar en el tema del tamaño de las UAFs, pero encontró serios impedimentos legales a nivel de las Altas Cortes. Se adoptó finalmente la figura de Zonas de Interés y Desarrollo Rural Integral y Social (Zidres), en 2016. Pero a la fecha tan solo se ha aprobado un proyecto Zidres (en Puerto López, Meta), dada la complejidad de que sea el propio Consejo de Ministros el que apruebe sus condiciones operativas (ver Comentario Económico del Día 18 de octubre de 2018).
Estas Zidres intentan promover: i) el uso-productividad de la tierra (mediante la asociatividad entre pequeño-gran productor y la flexibilización de las UAFs); ii) el acondicionamiento agrológico de los suelos; iii) la conservación del medioambiente (protegiendo áreas no explotables); iv) el acceso a la tierra del pequeño productor (por medio de la formalización predial y la participación en el proyecto); y v) la capacitación y generación de emprendimiento del campesinado.
Además de los problemas jurídicos, está la limitante de que las Zidres no son aplicables a la totalidad del territorio agrícola explotable; amén de los problemas de falta de actualización del catastro rural que ahora el PND (en su Artículo 85) intenta solucionar.
En el caso de Perú, se ha conseguido impulsar la producción agrícola, a partir de polémicas reformas a la propiedad-explotación de la tierra. Para ello ha tenido que superar los problemas generados por la Reforma Agraria (1969), la cual había expropiado latifundios en favor de los pequeños productores. Inclusive se prohibieron los traspasos de la tierra, generándose una gran atomización productiva del sector agropecuario.
Bajo Fujimori se realizaron reformas (1991-1995) para dinamizar el sector agrícola, introduciendo un modelo de cuasi libre mercado de la propiedad. Con ello se habilitó la venta (por rangos de precios), el arriendo y la concesión de tierras baldías a terceros, incluyendo a grandes empresas privadas del sector agropecuario y minero. Esta “liberalización” de la propiedad rural ha impulsado la producción agropecuaria en Perú, pese al reciente deterioro en el Gini de propiedad agrícola. Particularmente, el arriendo de tierras ha resultado ser beneficioso para el campesino, pues mantiene su título de la propiedad, además de obtener rentas que antes no tenía y, en varios casos, hasta él mismo se emplea en los proyectos.
Dicho modelo ha traído dinamismo y desarrollo al campo peruano. Por ejemplo, las exportaciones agroindustriales del Perú bordearon los US$10.000 millones (4,4% del PIB) frente a valores de US$5.000 millones (4,1% del PIB) una década atrás. Si bien todavía no alcanzan la dimensión de lo ocurrido en el Cerrao brasilero, este desarrollo va en la dirección correcta de modernizar la producción agrícola en Perú. En ambos procesos ha sido vital la provisión de bienes públicos de parte del Estado (vías, acueducto, electricidad, tc.), ver Comentario Económico del Día 24 de junio de 2015.
