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A raíz de la llegada de la Administración Petro (2022-2026) se ha venido afirmando que ha llegado la hora de cambiar la estrategia de “mano dura” contra el narcotráfico, dado el supuesto fracaso de las políticas que se han venido aplicando a lo largo del periodo 1975-2022 (completando ya casi 50 años). Sin embargo, pocas son las nuevas soluciones prácticas que se han planteado.
De una parte, están aquellos a favor de un movimiento unilateral de Colombia hacia la legalización de estupefacientes-duros (opio, coca, cristales, éxtasis, etc.), desconociendo cómo tal estrategia convertiría a Colombia en “paria-global”. De otra parte, están quienes argumentan que la estrategia que se traía de aspersión química, durante 1975-2016, era la única forma efectiva de contener la creciente deforestación generada por la expansión de dichos cultivos ilícitos. Tras ese fracaso de “la erradicación voluntaria” está el alto diferencial económico a favor de los cultivos de ilícitos respecto de cultivos alternativos (como cacao o café).
Lo factual es que globalmente la mayoría del mundo occidental se ha movido en la dirección de despenalizar cultivos que producen drogas-blandas (principalmente hongos y marihuana). De hecho, se ha expandido la investigación científica y distribución de estas plantas con fines tanto terapéuticos como recreacionales.
Sin embargo, el mundo jurídico continua fantaseando al tratar de distinguir entre sus diversos tipos de usos y el tamaño de esas dosis personales. Esto con el fin de controlar los perversos efectos que produce el escalamiento de su distribución masiva. En la práctica, hoy dicha distinción luce casi improcedente en el caso de la marihuana, tras su legalización. Nuevamente, lo factual es que ha quedado en manos de los padres de las nuevas generaciones educarlas de tal manera que, al igual que con el alcohol y el tabaco, logren distinguir y manejar dichas drogas-blandas de tal manera que eviten sus riesgos naturales: pérdida de conciencia de sus actos y los riesgos que esto encierra, por ejemplo, al comando de un automóvil a las 4 a.m.
Pero sería bastante torpe realizar un parangón entre el discurrir institucional frente a dichas drogas-blandas respecto de las drogas-duras (arriba señaladas). Estas últimas se distinguen por generar adicción-estructural, acompañadas de alta agresividad por parte de sus consumidores para conseguir el “siguiente-high”. Por eso la sociedad médica lucha contra tales adicciones y la policía contra los narcos que buscan debilitar la democracia y el Estado de Derecho. A la luz está la reciente arremetida de los narcos contra el Estado colombiano, en 2021-2022, quienes buscan expandirse hacia la distribución de drogas-duras, tal como ocurre en Afganistán con el opio y en Colombia, Perú y Bolivia con la coca.
El senador Duque se quejaba de que Santos había permitido su escalamiento de 90.000 a 220.000 has. cultivadas; ahora se despide Duque Presidente dejándolas en aterradoras 200.000 has. y con homicidios a tasas de 25 (ver gráfico adjunto). Dicho de otra manera, una cuestión es aceptar el fracaso institucional frente a las drogas-blandas, durante 1970-2015, y otra el peligroso escalón en que se ha montado Colombia tras el aprovechamiento que vienen haciendo los narcos de un proceso de paz (2016-2022) que les ha servido de mampara para este nuevo nivel de las drogas-duras.
Los sofisticados fármacos cristales-meths provenientes de Asia, ya con sucursales en México y Turquía, representan esa nueva amenaza. Estados Unidos sancionó tardíamente a varios de sus laboratorios que se prestaron para importaciones de medicamentos que causaron cerca de 100.000 muertes en solo 2021, triplicándose respecto de 2018. Aquí la lucha del Estado anti-narcos no puede detenerse ni bajar la guardia, pues “la muerte” de los afectados es inminente. La Administración Petro tendrá la difícil tarea de buscar soluciones efectivas para romper esa cadena de narcotráfico que provee coca y opio como base de peligrosas sustancias que, como el “crack”, ofrece la muerte inminente.
Cabe recordar el debate que se tuvo en Colombia durante 1975-1980, cuando surgió el “golden-pot” proveniente de nuestra Guajira. En aquel entonces se debatía la inminente despenalización del consumo de marihuana en los Estados Unidos. El debate promovido por Ernesto Samper, desde Anif, cobró protagonismo al analizar el creciente problema que generaba la comercialización ilícita de drogas (ver Clavijo, 2007 “El Mercado de las Ideas). Desde Fedesarrollo, Junguito y Caballero (1978) también aportaron estudios que mostraban que los negocios ilícitos en Colombia (de todo tipo) representaban un 3% del PIB. Ernesto Samper (1980) concluyó entonces: A Proposal to Legalize Marihuana.
The Economist había liderado la despenalización del consumo de la marihuana (1995-2006), mientras Holanda, Inglaterra y los escandinavos se movían hacia allá. Friedman (1976) argumentaba que “la cura” (lucha frontal) generaba más daños que el consumo, pero se trataba de “drogas-blandas”, siguiendo lecciones de “Era de la Prohibición” de 1920-1940 en Estados Unidos. Mirando este debate en el espejo de principios del siglo XXI, se ve cuán poco se ha avanzado en una solución estructural a este complejo tema de distinguir entre drogas-blandas vs. drogas-fuertes.
