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El “mantra” de las campañas presidenciales a nivel global, en la era de las “redes sociales”, se ha convertido en que los dirigentes políticos escuchan a las masas y les repiten lo que ellas quieren escuchar. Esta actitud es contraria a lo deseado, pues los líderes políticos deberían guiar el accionar público a través de sus propuestas en materia de sanas políticas de largo plazo en los frentes de seguridad social y de inversión.
La “lógica” electoral de los dirigentes de campaña es que la primera meta volante del candidato es “pasar a segunda vuelta” y para ello casi que “todo vale” (promesas de menores impuestos y mayor gasto social, lo cual es obviamente un disparate económico).
En privado, las campañas electorales admiten que “están mintiendo”, pero dicen que se trata de “falsedades piadosas” que entrarán a corregir cuando pasen a segunda vuelta.
El problema es que, con la polarización entre visiones de izquierda-“light” y derecha-fundamentalista, los candidatos se ven forzados a redoblar las “mentirillas piadosas”, esta vez aduciendo que lo que necesitan es llegar al Palacio de Nariño para allí sí pasar a gobernar con “la seriedad” y “la pulcritud” que todos dicen profesar.
Pero llegados a Palacio, los gobernantes saben que requieren alianzas partidistas que tienden a minar rápidamente sus ánimos reformistas. Una era la idea de gobernar con fuerzas partidistas de 70% en el Senado y de 80% en la Cámara.
Otra cuestión muy diferente es enfrentar frágiles mayorías, especialmente cuando se obra con la sana idea de “no cupos indicativos”, no cofinanciaciones, “no mermelada”.
De allí la importancia de entender, desde la llegada a Palacio, que es una falsa ilusión creer que se lograrán cambios profundos y estructurales recurriendo simplemente a estribillos fáciles que todo el mundo pueda entender, como si todavía se estuviera en campaña.
Este enfoque de “economía-ligera” tiene muchas facetas que bien vale la pena develar, para no llamarnos a engaños y prontos desencantos. A continuación, daremos varios ejemplos de esa economía-ligera y la contrastaremos con lo que verdaderamente debería hacerse en materia de “economía-fundamentada”, si es que realmente quisiéramos que ocurrieran cambios profundos.
Lo primero es entender que son los “precios relativos” de los bienes y servicios los que comandan la dirección que habrá de tomar la inversión y el empleo; estas variables no se guían por los simples deseos de los gobernantes.
Si los precios son errados, la economía no crecerá dinámicamente, continuará la informalidad laboral-tributaria y aumentará la deuda pública, al recargarse excesivamente en los subsidios y no en la sostenibilidad de cada mercado.
Con sobrecostos laborales de 50% seguiremos con desempleo arriba de 9% y con informalidad de 50%. Estas han sido las lecciones más profundas que nos han dejado varios premios Nobel de economía, destacándose Hayek y Friedman.
Ventanilla única. Este ha sido un tema recurrente en cada nueva administración, pues se cree que los “nudos burocráticos” se combaten con “entusiasmo”. Pero esa voluntad debe más bien aplicarse a enderezar los precios a través, por ejemplo, de desmontar los sobrecostos atados a las nóminas laborales y las sobrecargas tributarias inoficiosas.
Nadie puede desconocer que un Estado burocrático mina la inversión y el crecimiento. Por ejemplo, los lentos y a veces corruptos procesos aduaneros obedecen a una estructura política que de tiempo atrás entregó las aduanas regionales a la clase política.
Lucha anticorrupción. Este tema ha venido siendo taquillero desde las campañas políticas de 2017-2018. Pero, curiosamente, el referendo sobre este tema fracasó al no alcanzar el umbral requerido. Casi ninguna de sus preguntas conducía a soluciones estructurales y varias de ellas eran inconstitucionales.
No existe ninguna evidencia internacional que dé sustento a la errada lógica que, a menor sueldo público, entonces menor corrupción. Por el contrario, se puede argumentar que la gente de bien (la que no roba, obra con altruismo público y vive de su sueldo) tendrá ahora menor inclinación a “prestar el servicio público”, mientras que los corruptos vendrán a vivir del saqueo presupuestal, dados sus bajos sueldos (vs. sector privado).
No es casual que esta fórmula torpe la esté utilizando el populismo de izquierda de Amlo que recién llego al poder en México, donde se tenía un historial relativamente aceptable de funcionarios públicos tecnocráticos y con tradición de permanencia.
Mejor gestión tributaria. Casi sin excepción, todo nuevo gobierno dice que “ahora sí va en serio la lucha contra los evasores” y, seguidamente, afirma que dará “la última amnistía tributaria”; así lo hizo Santos. La desazón ha sido tal, que hasta la propia Corte Constitucional dijo que no habría más “últimas amnistías”; pero ahora el nuevo director de la Dian acaba de anunciar otra más.
No han valido los programas de Fatca, Ocde y acuerdos con Panamá. Aún no se ha entendido que no se trata de amenazar a los evasores, sino simplemente ir tras ellos y divulgar ampliamente sus capturas y sanciones. Los Panama papers o los Mossack papers no deberían ser los vehículos esperados por el Estado para combatir la evasión tributaria, sino el cruce inteligente de información al interior del Estado.