Educación superior: en “Ser Pilo Paga” ¿Quién paga?

Durante los meses de octubre-diciembre de 2018, la recién llegada Administración Duque enfrentó fuertes movilizaciones de estudiantes universitarios reclamando más gasto público. Los manifestantes aducían faltantes presupuestales hasta de $15 billones (1,5% del PIB) y mostraban instalaciones universitarias en mal estado. No obstante, los manifestantes omitían mencionar que el grueso de su profesorado disfruta de sueldos equivalentes a los de muchas universidades privadas.

También omitieron los manifestantes señalar que los paros del sector educativo (2013, 2015 y 2016) llevaron a otorgarles reajustes salariales hasta del 12% real, habiéndose cumplido ya con la mitad de esas obligaciones, mientras el grueso de la población recibe un reajuste del 1%-2% real en función de su productividad laboral. Por supuesto, la mayoría de los manifestantes ignora el impacto presupuestal generado por el desplome del precio del petróleo a nivel internacional y considera que no debe extenderse el cobro del IVA ni reducirse el gasto público en ningún frente.

Aun así, la Administración Duque terminó otorgándole al sector educativo recursos adicionales por $4,5 billones durante 2019-2022 (equivalente a una indexación cercana a 4% real por año). Esa negociación ignoró, de paso, que la presión tributaria estará cayendo del 14% del PIB hacia solo 13,2% del PIB a la altura de 2022 tras la Ley 1943 de 2018.

Las universidades públicas y sus manifestantes venían reprochándole al programa “Ser Pilo Paga” (SPP) que sus beneficiarios se inclinaban por estudiar principalmente en universidades privadas (cerca de 85% del total), buscando mejor calidad y evitando el daño que hacen los recurrentes paros en las universidades públicas. Se venía discutiendo también el elevado costo de SPP, estimándose un valor total de $2 billones y beneficiando solo a unos 40.000 estudiantes, implicando un gasto cercano a $18 millones/año ($13 millones/año sin contar subsidios de manutención-otros) por estudiante (suponiendo carreras típicas de cuatro años de duración).

Recordemos que SPP consistió en el otorgamiento de “becas-crédito” a estudiantes de Sisbén 1-3 con los mejores resultados de las pruebas Saber 11 durante 2015-2018. Ese objetivo de 40.000 estudiantes por parte de SPP implicaba cubrir casi un tercio de los matriculados en las Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas.

Los hallazgos iniciales de Londoño et al. (2017) sugieren que la implementación de SPP permitió: i) elevar de 40% a 70% la probabilidad de llegada a las IES acreditadas para la población beneficiada; ii) aumentar la participación de estudiantes de estratos 1-2 de 7% a 33% en el total de nuevos matriculados en IES privadas en 2014-2016 (ver gráfico adjunto); iii) elevar la participación de 12% a 18% de estudiantes de bajos recursos en el primer decil de las pruebas Saber 11 (muestra de un importante “efecto aspiracional”); y iv) reducir la probabilidad de deserción estudiantil.

Al aumentarse la oferta educativa vía SPP, esto se logró sin desplazar a otros estudiantes del sistema. Adicionalmente, Saavedra (2009) ha estimado que el “efecto calidad-reputacional” derivado de las universidades privadas acreditadas eleva en un 16% la probabilidad de estar empleados un año después de graduados.

Sin embargo, el uso de los recursos públicos siempre entraña alcanzar un buen balance entre calidad vs. cobertura. Dado el elevado costo de SPP, se están buscando alternativas de cofinanciamiento, tanto por parte de las universidades privadas, como de los beneficiarios de SPP en el futuro, cuando sean exitosos profesionales ya empleados. El primer elemento será función del presupuesto de las universidades privadas y el segundo elemento conlleva un riesgo de menor impacto del llamado “efecto aspiracional”, al involucrar a la entrada un elemento de “repago a la sociedad” (actualmente inexistente en el programa SPP).

En particular, la Administración Duque ha lanzado como alternativa el programa “Generación E” consistente en: i) otorgar financiamiento-beca del 100% en IES públicas a jóvenes con puntaje Sisbén máximo de 32 (siendo 40 el tope de Sisbén 1); ii) promover la acreditación de IES; y iii) otorgar financiamiento-beca a jóvenes “tipo SPP” del 100% en IES públicas y del 50% en IES privadas (donde el restante se repartiría en partes iguales entre la IES y “donaciones privadas”). En este último caso se tiene la meta de vincular a 4.000 estudiantes/año en 2019-2022. Siendo este último componente una “re-invensión” de SPP.

Así, el debate sobre calidad vs. cobertura continúa. Anif ha estimado que de haberse destinado esos $2 billones del costo de SPP al presupuesto de las universidades públicas se habrían podido generar unos 120.000 cupos, pero la calidad claramente habría sido inferior a la lograda en las mejores universidades privadas. Alternativamente, se hubieran podido destinar parte de esos recursos a mejorar las instalaciones que reclamaban los manifestantes (pero evitando desvíos presupuestales hacia mayores gastos operativos-salariales).