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En la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 se incluyó el polémico Artículo 35, a través del cual se le transferirían al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Mhcp) las funciones relacionadas con el presupuesto de inversión, tradicionalmente administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Argumenta el Mhcp que de esta manera se le estaría dando cumplimiento a las recomendaciones que en tal sentido hiciera la Comisión de Racionalización del Gasto Público desde 1997, cuando bajo la Administración Samper se le pidió a Gabriel Rosas (q.e.p.d) que liderara un detallado estudio de estos temas.
Decía entonces dicha Comisión que ese traslado de funciones tendría la bondad de mejorar la eficacia del manejo presupuestal (achicando burocracia) y de centralizar los criterios de asignación (mejorando la coherencia entre objetivos y resultados). La experiencia de Colombia en este frente presupuestal no ha sido nada afortunada, pues en realidad se manejan tres tipos de presupuestos: i) el del Mhcp, focalizado en los temas operativos y con creciente presión de las obligaciones pensionales, de salud y de la función pública (totalizando 14% del PIB, del cual 3% del PIB se destina al pago de intereses de la deuda pública); ii) el del componente de inversión del DNP, donde se habla de asignaciones cercanas a 4% del PIB, pero donde la porción propiamente relacionada con la Formación Bruta de Capital Fijo no ha superado 1,1% del PIB en años recientes (ver cuadro adjunto); y iii) el presupuesto (con programación bienal) relacionado con las regalías-territoriales, las cuales representan 0,6% del PIB tradicionalmente, e incluso llegan a cerca de 1% del PIB en años de auge (como en 2010-2014 y nuevamente en 2018-2020).
Los componentes de inversión y de regalías forman casi un “botín-político” que maneja la Presidencia de la República a través del DNP. En los casos de manejo benévolo de los recursos, se aduce que se está obedeciendo a “la democracia” al darle juego a los partidos políticos, pero en el fondo todos sabemos que se está “gestionando la gobernabilidad” para lograr aprobar las leyes que le interesan al Ejecutivo. De poco han servido las múltiples versiones del llamado “banco de proyectos” creado en los años noventa, pues ese instrumento es siempre relegado por decisiones más políticas que técnicas.
Infortunadamente, esto ocurre en Macondo, Cafarnaúm y en la Casa Blanca. Este último caso ha sido ilustrado con lujo de detalles en “House of Cards”. Los casos menos benévolos abundan, y rayan en la corrupción de “la mermelada de los ñoños”.
Sería una profunda contradicción de la Administración Duque que se hiciera este buen esfuerzo de centralizar en el Mhcp todo el manejo presupuestal y que, de otra parte, se aprobara el proyecto de Ley que le otorga a los parlamentarios la asignación de 20% del presupuesto de inversión. En este, como en muchos otros casos, .... “mejor deje así”. Dicho monto de 20% del presupuesto de inversión que asignaría el Congreso es mayúsculo frente a los “auxilios parlamentarios” de la época de Lleras Restrepo.
Pero no fue solo el dictamen de la Comisión de Racionalización del Gasto de hace 20 años, cuando recomendó unificar el presupuesto bajo la égida del Mhcp, sino que recientemente también se pronunció en ese sentido la Comisión de Gasto Público, que entregó su reporte en diciembre de 2017. En efecto, dicha Comisión recomendó, entre otros elementos presupuestales, eliminar la partición presupuestal de Mhcp-operativo y DNP-inversión.
En este sentido, resulta algo extraño el contenido de la misiva que recientemente enviaran una docena de exdirectores del DNP rechazando la iniciativa del ministro Carrasquilla, y que fue incluida en el articulado del PND 2018-2022. Los argumentos de mayor eficacia presupuestal dados por las Comisiones (arriba señaladas), al unificar los presupuestos de inversión y operación en cabeza del Mhcp, nos parecen que deben ser refutados con mayor detalle.
