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A pesar de postularse como una Administración “amigable con el mercado”, el gobierno de Duque se ha caracterizado por adoptar numerosas medidas anti-mercado. Esto confirma el adagio de que los “polos-opuestos” terminan coincidiendo (la derecha de Uribe-Duque con la intervención Estatal Petrista-Bolivariana).
En efecto, el partido de gobierno exhibe retórica anti-socialista, luego uno esperaría acciones pro-competencia de mercado y sus beneficios para el consumidor final. Sin embargo, veamos ejemplos de acciones gubernamentales que operan en sentido contrario.
Sobre-Aranceles defendiendo textileras. Bajo Uribe I (2002-2006) y mientras se negociaba el TLC con Estados Unidos se impulsaron ataques al Banco de la República para inducirlo a “fabricar devaluación” que protegiera la industria nacional textilera. Cuando ya era inminente el choque de trenes institucionales, los ministros de Hacienda (Carrasquilla) y de Comercio (Botero) lograron atajar a Uribe. Dicha “fabricación-devaluacionista” resultaba inoficiosa frente al exitoso esquema de “Inflación Objetivo” y de flotación cambiaria que venía implementando el Emisor desde 1999-2000.
En 2021, Duque repite episodio protectivo-nacionalista adoptando sobre-aranceles textileros. Los encuentros del Teatro Colon poco cambiaron el “costo-Colombia” y la Misión de Modernización simplemente se quedó repitiendo diagnósticos, en vez de generar grupos de trabajo serios para la acción empresarial. Cuan útil hubiera sido “menos Harvard” explicando micos (producciones-sectoriales) que nunca llegan a bejucos apropiados de internacionalización y más grupos de trabajo empresariales que pudieran aprender de las exitosas experiencias exportadoras desde México, Chile y Perú.
A nivel local, se ha desperdiciado el papel bisagra (entre los gobiernos y los empresarios) que se le quiso asignar al Consejo Privado de Competitividad, entidad que ha visto desfilar la pasividad gubernamental durante las dos últimas décadas.
Sobretasas imporrenta sectoriales. Otra muestra anti-empresarial de la Administración Duque ha sido la adopción de sobretasas de imporrenta, afectando especialmente al sector financiero. La Corte Constitucional ejerció sorpresiva complicidad intelectual al validar dichas sobretasas sectoriales al asumir papel de “igualador” en tasas efectivas de tributación: una década atrás había declarado que empresas que pagaran sobretasa del 10% congelaría su tasa de imporrenta a futuro, pero ahora ella considera que se les puede sobre-gravar para igualar históricamente su tasa efectiva a nivel sectorial.
Ahora se extiende dicha arbitrariedad tributaria al tamaño de las empresas. Inicialmente se decía que el “régimen simple” permitiría invitar a Mipymes a la formalidad. Ahora se extiende el argumento a favor de las empresas pequeñas y medianas, drenando de forma significativa el recaudo tributario. ¿Y dónde quedará entonces el incentivo de mercado a las firmas medianas para convertirse en grandes y así poder aprovechar economías de escala-alcance, si ahora se les amenaza con mayores tasas de tributación efectiva según su tamaño?
Es bien sabido que parte del no aprovechamiento de nuestros TLCs proviene de la ausencia de esas economías de escala. Pues, bueno, con este mayor gravamen a las firmas medianas y grandes se minará el camino que algunas de ellas estaban recorriendo para poder llegar a competir internacionalmente. ¿Mejor todos pequeños, con bajo recaudo y sin capacidad exportadora?
Inversiones Forzosas. Durante la Junta Monetaria (1963-1991) era común el Estado “dirigista” que adoptaba inversiones forzosas a cargo del sector financiero con el propósito (ilusorio) de promover “industrias nacientes”: por cada peso prestado a tal sector de libre destinación, se requería invertir tantos otros en sectores algodoneros, cereales etc... El Banrep de la época era un convidado de piedra y los Asesores de la Monetaria trataban de poner algo de orden en un cúmulo de inversiones forzosas que llegaron a representar sobrecostos del 20% (H. J. Gómez, 1990 “Antecedentes y Evolución...” Banrep).
Pero ninguno de esos esquemas resultó eficaz para desarrollar sectores agroindustriales competitivos. Y, por el contrario, el propio sector financiero terminó operando bajo un sistema de “economía-reprimida”, donde las tasas de interés reales negativas espantaban la competencia y la inversión extranjera directa (ver gráfico adjunto).
La administración Duque decidió revivir las inversiones forzosas del encaje bancario al obligarlo a invertir en TES cerca de 1% del PIB, en vez de liberarlo para libre asignación bajo la pandemia de primer semestre del 2020. Ello hubiera ayudado a evitar mayor postración del crédito privado; pero el gobierno pensó que ellos eran mejores asignadores de esos recursos.
Ahora se trata de implantar un esquema similar al de los años 1960 con la Ley que pretende obligar a las AFPs a invertir-forzosamente un 3% de sus portafolios en Fondos de Capital Privado de índole local. Tratándose de los recursos ahorrados por los pensionados y mostrando la experiencia de que la relación Beta ( = Retorno / Riesgo) ha resultado muy inferior a la de esos mercados a nivel internacional, no debemos sorprendernos de que pronto veamos repetidas demandas de inconstitucionalidad en dicha Ley. Bienvenidos al pasado de 1960.
