La trampa del ingreso medio para Colombia

El período 2015-2019 está probando ser de grandes desafíos para los países emergentes. Aún aquellos de ingreso medio, como Chile y Colombia, están teniendo dificultades para recuperar su potencial de crecimiento de largo plazo y continuar profundizando sus relativos éxitos en la lucha contra la pobreza y la elevada inequidad social.

Buena parte de esas dificultades radica en su alta exposición a volátiles comportamientos de sus “términos de intercambio” por cuenta de su baja diversidad exportadora, donde los commodities de cobre-estaño (en Chile) y de petróleo-carbón (en Colombia) todavía representan cerca de 50%-70% de sus exportaciones. Lo preocupante es que tras la relativa recuperación del precio de dichos commodities en 2017-2018 no se ve, ni en Chile ni en Colombia, una senda de recuperación que hoy luzca sólida de cara al período 2019-2020.

En el caso de Chile, si bien la reelección de Piñera para un segundo mandato (2018-2022) ha mejorado las expectativas de los inversionistas y consumidores, se estima que su crecimiento económico en 2018-2019 estaría ligeramente por debajo de 4% anual, (ver gráfico adjunto). Si bien esta cifra supera el 2% anual del quinquenio anterior, todavía deja mucho que desear respecto del potencial de crecimiento del 5% que registró en el quinquenio anterior, durante el fin del súper-ciclo de commodities. En el frente del desempleo también se enfrentan desafíos, pues este se ha venido acelerando del 6% en 2013 hacia el pico del 6,8% esperado para este 2018.

La polarización política en Chile entre la izquierda-centro del saliente gobierno de la Bachelett y la centroderecha de Piñera no está ayudando a encontrar caminos de consenso presupuestal que permitan recuperar la inversión pública al ritmo requerido. Un ejemplo de ello ha sido la difusa ejecución de los recursos de la educación (claramente regresivos), dejando al sector empresarial con cargas adicionales que representan gasto público hasta del 3% del PIB.

A medida que se ha ido alejando de políticas de manejo contra-cíclico fiscal que arrojaban superávits estructurales del 1% del PIB, se ha ido escalando la deuda pública de Chile desde el 9% del PIB en 2010 hacia el 26% del PIB que se tendría en 2019. Si bien Chile sigue siendo el país mejor calificado de la región, ello le implicó una degradación del AA- hacia A+ en la escala del S&P en 2017. No sin razón se ha concluido que el propio Chile, y no solo Colombia y Perú, enfrenta serios desafíos para salir de la “trampa del ingreso medio”, en momentos en que la expansión de sus respectivas clases medias implica aspiraciones de mejores servicios públicos educativos y de seguridad social.

Los objetivos de la Administración Duque apuntan en la misma dirección de intentar superar los problemas de: i) caída del potencial de crecimiento (reduciéndose de 4,5% hacia solo 3% anual); ii) contención del deterioro del desempleo (elevándose de 8,9% hacia 9,6% durante el último quinquenio); y iii) mejorar una de las peores distribuciones del ingreso entre países de ingreso medio (con un GINI todavía en niveles del 0,51 en ingresos y probablemente del 0,65 en términos de riqueza). La carencia de adecuada infraestructura en Colombia está probando ser un “talón de Aquiles” más difícil de solucionar de lo pensado, donde inclusive se han empezado a cuestionar los supuestos avances en institucionalidad ANI-FDN ante la inseguridad jurídica del sector. Las ideas iniciales de la Administración Duque de bajar del 33% al 30% la tasa impositiva corporativa y de ajustar extraordinariamente el SML o las primas salariales apuntan en la dirección errada, pues ello abriría faltantes fiscales significativos (en el primer caso) y exacerbarían los costos salariales (en el segundo).

Esperemos por el bien del “establecimiento”, y por la consolidación de una clase media que no quiere quedarse atrapada, que los gobiernos de Piñera en Chile y de Duque en Colombia tengan éxito en los frentes fiscales y de revitalización del crecimiento y contención del desempleo.