Reforma Laboral: reportes FMI, Banco Mundial y Ocde

Durante febrero 2022, se dieron a conocer importantes reportes de las multilaterales sobre la situación socio-económica de Colombia. Todos ellos enfatizaron la urgencia que tiene el país de retomar las reformas estructurales referidas a lo tributario, laboral y pensional. La buena noticia es que parece existir alto consenso sobre dichas propuestas, tanto en la discusión nacional (exceptuando obviamente posiciones extremas de la izquierda radical Petrista), como en la discusión internacional. En efecto, el reporte de la Ocde (“Hacia una recuperación mas sostenible”), del Banco Mundial (“Revisión de Finanzas Públicas”) y los hallazgos del Articulo IV del FMI van en la dirección de apuntalar esas reformas estructurales.

En el frente productivo, dicha recuperación sostenida implicaría revitalizar la inversión público-privada para evitar que el PIB-real continúe decayendo de 4,5% anual histórico hacia 2,8% anual observado en 2018-2021. Se requiere llevarlo si quiera al 3,5% anual durante 2022-2026.

En lo referente al tema laboral, las cargas no-salariales empresariales deben continuar reduciéndose de 52% actual hacia no mas de 20%. Además, deben profundizarse esquemas de flexibilización laboral, tales como esquemas de prestación de servicios a nivel urbano y aprovechar a nivel rural la adopción del “mínimo de protección social” que tiene en cuenta la temporalidad de las cosechas.

Y en lo relativo al tema pensional es urgente desmontar los regresivos subsidios del régimen público de prima media y entrar a gravar las pensiones altas, para generar mayor equidad social. También es importante lograr mejor aprovechamiento de los $25 billones del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm) para complementar ahorros que permitirían generar pensiones vitalicias y evitar que gente caía en pobreza al llegar a su vejez.

La saliente Administración Duque ha venido reconociendo que dichas reformas están relacionadas y probablemente ello explica porque, ante su falta de liderazgo político, fue que nunca las encaró de manera frontal. El MinTrabajo mencionó recientemente que moverse en la dirección de lo sugerido por el FMI-Banco Mundial y la Ocde en materia laboral y pensional implicaba realizar una profunda reforma tributaria que permitiera reemplazar por la vía del mayor recaudo toda una serie de “contribuciones” colgadas de forma bastante obtusa sobre la nómina que deben pagar las empresas.

Por eso es importante destacar aquí las ganancias que se han tenido en materia de mayor formalización laboral mediante la reducción de los costos laborales no-salariales desde la Ley 1607 del 2012 (así el MinHacienda que las impulsó no las quiera reconocer en toda su valía). El cuadro adjunto ilustra tendencias muy relevantes a la hora de medir esa mayor formalización laboral.

Por ejemplo, allí se observa que la porción de NO-cotizantes a la seguridad social a través de los canales Pila había estado descendiendo de 52% de la PEA hacia 49% durante 2017-2019 (antes del negativo efecto de la pandemia-covid). Infortunadamente, esas ganancias de +3% en formalización laboral se vieron pausadas en 2020, a niveles de 50% en el año 2020, como resultado de la pandemia.

Pero llama positivamente la atención que, como resultado del Paef gubernamental y del eco que hicieran los empresarios para mantener las nóminas formales, esas ganancias en formalización laboral hubieran continuado hasta reducir los No-cotizantes a “solo” 46% de la PEA (indicando el nivel de mayor formalización laboral de las últimas décadas al mostrar ganancias de +6% de la PEA).

El problema es que la sostenibilidad de estas ganancias requiere un esfuerzo fiscal que lo apuntale, pues la deuda consolidada pública ya tocó el 66% del PIB al cierre del 2021. Esto señala que es a través de más ingresos tributarios como facilitaremos la tarea de formalización directamente a los empresarios, en vez de estar dando subsidios tipo Paef. Igual aplica para los programas de absorción de mano de obra juvenil: en vez de seguir subsidiando 25% de su costo de mano de obra, hemos venido sugiriendo de tiempo atrás que al estar esos jóvenes en formación se les pueda (por un año) contratar por 75% de 1 SML (que es en la práctica lo que ha venido haciendo el gobierno durante pandemia).

La otra gran revelación del cuadro adjunto es que esas tendencias de mayor formalización laboral se mantienen en todos los espectros de las densidades de cotización: los que cotizan al menos dos veces al año se han incrementado de 45% a 52% de la PEA; los de al menos 4 veces al año han pasado de 40% a 46%; los de “lealtad 100%” con el sistema se han elevado del 22% hacia 24%; en promedio se tienen ganancias sostenidas (salvo por 2020) en el rango +2% a +6% respecto de la PEA durante 2017-2021.

Pero claro, esto es totalmente insuficiente e insostenible por la vía fiscal en ausencia de al menos 2% del PIB de mayor tributación. Luego de allí se concluye la importancia de profundizar estas ganancias en formalidad laboral acelerando el desmonte de los costos laborales no-salariales. No cabe duda de que la eliminación de “impuestos puros” colgados de la nómina juega a favor de la mayor formalización laboral; de que funciona-funciona, tal como lo confirman los datos.