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En el reporte más reciente sobre facilidad para hacer negocios Doing Business, Colombia se ubicó en el puesto 59 entre 190 países. Esto implicó una preocupante pérdida de seis puestos en el ranking mundial durante el último año. La otra mala noticia es que también perdimos posicionamiento a nivel regional, pues ahora nos superan en competitividad México (49), Chile (55) y hasta el Perú (58).
Para determinar las posiciones dentro del ranking del informe, el Banco Mundial viene examinando las áreas de: i) apertura de empresas; ii) manejo de permisos de construcción; iii) acceso a electricidad; iv) registro de propiedades; v) obtención de crédito; vi) protección al inversionista; vii) pago de impuestos; viii) comercio transfronterizo; ix) cumplimiento de contratos; y x) resolución de insolvencia. A continuación, analizaremos los respectivos desempeños.
En buena medida, el deterioro en nuestra posición se explica por las lamentables caídas en ocho de las 10 áreas regulatorias. En esta ocasión, no mejoramos en la calificación de ninguno de los rubros evaluados.
La caída más pronunciada de Colombia se observó en el área de manejos de permisos de construcción, bajando 47 puestos en 2017 para ubicarnos en el puesto 81, donde aspectos como la tramitación de estudios, consultas y licencias ambientales son ahora más onerosos. Por ejemplo, en dichos trámites no solo se deben cumplir los requerimientos de las licencias, sino aquellos referentes a entidades regionales, las cuales ahora adquirieron “poder de veto” por cuenta de la Corte Constitucional. Además, no ayuda que el sector de infraestructura y construcción haya estado salpicado en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Una segunda área de deterioro tuvo que ver con la apertura de empresas, pasando del puesto 61 en 2016 al 96 en 2017, la cual estuvo asociada a los mayores procedimientos para crear empresas. Nótese que en Colombia son necesarios ocho procedimientos para abrir una empresa, mientras que en Chile son solo seis y en Perú, cinco.
Por su parte, los indicadores de obtención de electricidad y registro de propiedades tuvieron caídas de siete posiciones. Mientras que en las áreas de protección inversionista, pago de impuestos, comercio transfron- terizo y cumplimientos de contratos se presentaron deterioros más bien marginales. Entre tanto, los rubros de manejo de obtención de crédito (2) y resolución de insolvencia (33) mantuvieron sus rankings.
Las áreas más críticas dentro del reporte estuvieron en el cumplimiento de contratos, el pago de impuestos y el comercio transfronterizo. En el cumplimiento de contratos, Colombia se ubicó en el puesto 177, perdiendo tres puestos frente a lo observado un año atrás. Esto se explica por los tiempos requeridos para completar procedimientos oficiales tendientes al cumplimiento de contratos (1.288 días). Esta es una cifra poco alentadora cuando se compara la posición relativa de Colombia (177) frente al resto de la región: Perú ocupa el puesto 63, Chile el 56 y México el 41. Aún en el contexto de la Alianza del Pacífico aparecemos rezagados.
En el área referida al pago de impuestos, se observó una desmejora de tres puestos en la última medición, llegando a la posición 142. Ello obedece a las altas tasas impositivas a nivel empresarial (aunque estas se redujeron marginalmente en la reciente Reforma Tributaria). Se estima que las cargas tributarias nacionales, territoriales y las relativas a la seguridad social están comprometiendo cerca del 50-70% de las utilidades empresariales, aún después del desmonte del impuesto a la riqueza. Este “gran costo de ser formal en Colombia” tiene como contraparte una elevada informalidad y la evasión tributaria que enfrenta el país. Nótese que la economía subterránea en Colombia asciende actualmente a cerca de 40% del PIB, cifra superior al 19% del PIB observada en Chile.
En el área de comercio transfronterizo, se observó un descenso de cuatro puestos (posición 125), con una posición relativa que continúa siendo deplorable. Lo anterior se explica por los altos costos y los retrasos de las exportaciones. Por ejemplo, mientras que en Colombia el costo de exportación (cumpliendo con la legislación transfronteriza) equivale a US$545/contenedor, en México es de US$400/contenedor. Asimismo, el tiempo para exportar en el país es de 112 horas, mientras que en México lo hacen en tan solo 20,4 horas.
En síntesis, el informe Doing Business 2017-2018 mostró que el país retrocedió en su posición en el escalafón de facilidad para hacer negocios, cayendo del lugar 53 en 2016 al 59 en 2017, entre 190 países. De hecho, la evaluación desagregada del último año resultó bastante negativa, en la medida en que 8 de las 10 áreas regulatorias presentaron deterioros. Los casos de cumplimiento de contratos, pago de impuestos y comercio transfronterizo fueron los más críticos del reporte, donde la posición relativa continúa siendo de gran rezago, aún frente a nuestros pares de la Alianza del Pacífico. En estos campos es donde deberían concentrarse los esfuerzos de política pública de los próximos años. Ojalá que la eventual vinculación a la Ocde nos sirva para dejar de repetir diagnósticos y se cree una gran fuerza de choque (task-force) para actuar en la solución de estos conocidos problemas.
