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Colombia enfrenta alto riesgo de caer en un estado de somnolencia macro-fiscal al creer sus gobernantes que las necesidades de ajustes se han diluido. Esto debido a la tentadora y errada idea de simplemente recurrir a las ganancias extraordinarias que estará recibiendo Ecopetrol por cuenta del repunte del precio de petróleo, cercanas a +2% del PIB.
En efecto, este precio bien podría promediar US$100 barril Brent en 2022 y US$90 en 2023 por cuenta del prolongado conflicto bélico causado por la invasión de Rusia a Ucrania desde febrero de este año (ver gráfico adjunto). Estos implican saltos en el rango 40% a 70% respecto del precio de largo plazo en ausencia de dicho conflicto, que era de los US$70 barril.
Y, de hecho, existe otra segunda tentadora idea de echar mano de los recursos de las AFPs para financiar mas gasto público en el corto plazo. Pero este accionar estaría desconociendo los faltantes fiscales que ello implicaría a la hora de honrar las obligaciones pensionales que terminarían en cabeza de Colpensiones. Ambos somníferos fiscales denotan una peligrosa miopía fiscal, con muy serias consecuencias a partir del 2024, cuando se habría esfumado la efímera bonanza de precios petroleros. Veamos esto con algún detalle.
Existe relativo consenso en que el difícil manejo de la pandemia-covid estará exigiendo apuntalar reformas estructurales de manera gradual durante 2022-2026 bajo el nuevo gobierno. El grueso de ellas descansan sobre la urgencia de incrementar la relación Recaudo Tributario/PIB del actual 14% hacia no menos del 16%.
Cerca de 1% del PIB se requiere para estabilizar por debajo de 70% del PIB el endeudamiento público y el otro 1% para poder sostener el gasto público pro-pobre. Este componente presupuestal social ha evitado que la población bajo pobreza monetaria hubiera continuado escalando de 35% hacia 45% bajo pandemia (2020-2021) y, de hecho, se ha logrado contener en 39%. Pero dicha pobreza debería poderse reducir a no mas de 20% en los próximos años, si es que logramos acelerar el crecimiento del actual 3% anual (en promedio quinquenal) hacia el 4% anual que traíamos décadas atrás, cuando añorábamos la diversificación exportadora.
Como decíamos, el primer somnífero macro-fiscal de tipo petrolero bien podrían dejar en el letargo estos objetivos de reformas estructurales. La guerra Ucrania-Rusia nos estaría dejando un “mana-fiscal” por cuenta del salto en el precio del petróleo (antes comentado), al haberse secado el abastecimiento de 40% de las fuentes energéticas-renovables de Europa y como 10% en el caso de los Estados Unidos.
Dados los volúmenes actuales de extracción de unos 750.000 barriles/día en Colombia, ese “wind-fall-gain” podría dejarle al país cerca de 2% del PIB de mayores recursos públicos. Ello equivaldría a haber realizado el equivalente a cuatro veces la reforma tributaria de Septiembre-2021, la cual habría dejado 0,5% del PIB por año, gracias a haber elevado el imporrenta empresarial de 33% a 35% (y en el caso del sector financiero a 38%).
El problema con esta ilusión fiscal es que pasa por alto el hecho de que en Colombia los precios de los combustibles deben seguir la sana práctica de fijar precios de consumo local y equivalentes a los internacionales. Esto debido a que Colombia no es una potencia petrolera, pues tan solo nos quedan 6,3 años de reservas (no los 7,6 años que afirmó recientemente el gobierno).
Así, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles estaría escalando sus faltantes de 1% del PIB hacia 2%-3% del PIB durante 2020-2022 al haberse rezagado la fijación del precio local respecto de la paridad internacional, tal como lo ilustró recientemente el Carf. En vez de tenerse la gasolina a los actuales $10.000/galón, la paridad internacional lo estaría llevando a los $40.000/galón (algo imposible de ejecutar cuando la inflación bordea ya 10% anual). Es claro que, en el corto plazo, el gobierno tiene que continuar subsidiando el costo de la gasolina respecto de la paridad internacional, antes comentada.
Así, el nuevo gobierno tiene la compleja tarea de ver cómo converge hacia la paridad internacional en precios de combustibles, ojalá acogiendo la recomendación de la Carf de que el Mhcp realice el pago al fondo de combustibles en la siguiente vigencia a su causación.
El segundo somnífero fiscal que se ventiló en la campaña de Petro tuvo que ver con la tentación de echar mano de los ahorros pensionales de las AFPs, bajo la miopía de que las obligaciones pensionales están distantes. Se cree que, como en Argentina, bastaría con combinar el uso de las contribuciones pensionales de las AFPs con los ahorros allí ya existentes, para evitar totalmente la necesidad de cualquier incremento en la tributación.
Como hemos comentado en otras ocasiones, esto implicaría habilitar cerca de 10% del PIB para gasto público en el corto plazo, pero desatendiendo en igual magnitud las obligaciones pensionales que lucen inminentes.
Esperemos que el nuevo equipo económico de Petro actúen de manera responsable y evite adormilarse por cuenta de estos dos somníferos que lucen tentadores a nivel político, pero que generarían serios problemas macrofiscales a Colombia.
