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Elemento vital de la democracia son los medios de comunicación, componente imprescindible de la sociedad. Por ello, el periodismo debe ser responsable, contener la verdad (con investigación previa y precisión) y de principios como, la humanidad (que no dañe a nadie), la equidad e imparcialidad (historias en contexto y con la opinión de ambos lados) y por supuesto con independencia.
De forma complementaria, en un estado de derecho, los abogados son bastiones de la concordia y del cuidado de los principios jurídicos; el abogado entonces, tiene la obligación de actuar con ética (guardando el secreto profesional), como promotor de la justicia y con responsabilidad social.
Sobre ello, el aprovechamiento indebido de los medios de comunicación, no es de poca monta, menos ahora con la viralidad de las redes sociales. A su turno, ciertos abogados, en ocasiones con la participación de periodistas, tratan de ganar sus pleitos en los micrófonos, ejerciendo así presión indebida al aparato judicial y a la contraparte. Influye a la sociedad que incluye a los jueces.
Pues bien, con contundencia, la abogada y académica del Externado, Luisa Fernanda Caldas, en su ponencia en reciente Congreso de Derecho Procesal, hace referencia a la inconformidad de la sociedad por los efectos nocivos que la práctica periodística puede tener en el curso de un proceso penal y concretamente en los derechos fundamentales de quien es investigado por la presunta comisión de un delito. Lo más gravoso es, el manejo de la información judicial en los medios en etapas que las conjeturas no tienen calidad de pruebas y no se ha dado el inicio del juicio. Con lo anterior reclama protección del proceso.
Y eso que la académica parte de la base que no hay mala fe en la información. Cuando se llegó al juicio del caso Colmenares, ya la sociedad había comprado la historia de un asesinato, no obstante, los testigos resultaron falsos y el fallo absolvió a los acusados. De igual manera, se terminan procesos penales donde la contraparte del investigado es abogado con micrófono, y aunque habiendo fallos contundentes que demuestran su inocencia, ya estaba afectado su buen nombre y su honra.
Guardadas proporciones, puede suceder en disputas entre copropietarios de un multifamiliar y su constructor, donde sus compradores de apartamentos lograron grandes valorizaciones, pero por un tema de la fachada, que tienen derecho a encontrar solución, en lugar de buscar conciliaciones, contratan abogado con ese perfil y la contraparte para tratar de equilibrar hace lo propio. Indistinto del resultado del proceso, todos pierden, especialmente, porque queda en el imaginario de la sociedad que el edificio tiene problemas graves, desvalorizándose y perdiendo comerciabilidad sus apartamentos.
En algunas oportunidades también sucede que se transmiten informaciones que podrían generar pánico económico, situación que incluso tuvo que ser regulada por la ley generando sanciones para quien así lo haga, debido a las consecuencias a que conlleva en el inmediato plazo. La actuación de los medios de comunicación y de los abogados asesores o apoderados, deben siempre estar en el marco de la responsabilidad social.