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La justicia es considerada como valor supremo de la vida social; la moral es guardián de la justicia; la justicia regula relaciones entre las personas dando a cada una lo que le corresponde. Estas afirmaciones han sido aceptadas desde tiempos de Platón, por ello la administración de justicia es un hecho fundamental para que funcione una sociedad, un país.
En Colombia, la administración de justicia es ineficiente y a veces corrupta. La sociedad, los ciudadanos y las empresas padecen su demora. El clima de los negocios y la competitividad se ven afectadas por la inestabilidad jurídica y porque si llegare a existir un conflicto que requiera resolverse judicialmente, la rama cuenta con múltiples problemas. Veamos.
Para comenzar, tal como lo expresó de manera reciente en el Congreso de Abogados Javerianos, Gerardo Remolina S J, “el abogado es quien, desde el derecho, debe aplicar la ley, y al aplicarla debe poner en el centro a la persona humana, su inviolable dignidad: para promoverla, para protegerla, para defenderla”.
Si bien hay muchos jueces probos, funcionarios honestos y abogados estudiosos, mientras la sociedad y en particular las universidades no formen profesionales con principios éticos y valores, seguirá la corrupción. Además, la proliferación de abogados con bajo conocimiento, hace que la venalidad se haya vuelto corriente.
A manera de ejemplo, resulta censurable que asuntos tan sensibles como la protección al ecosistema, en particular de los cerros orientales de Bogotá, se hubiera tardado ocho años en resolverse. No obstante, el reciente fallo de segunda instancia del Consejo de Estado defendió los derechos adquiridos de moradores y proyectos que en derecho habían obtenido licencias.
Los jueces deben fallar en derecho y no en equidad como en ocasiones sucede; guardadas proporciones, como supuestamente sucedió en el polémico Fallo del Tribunal de La Haya con relación a la delimitación de áreas marítimas colombianas.
Probablemente la Constitución de 1991 permeabilizó las Cortes con la política, con medidas como ponerlas a elaborar ternas para Procurador y Contralor, elegir Fiscal General y, ser elegidos algunos de los miembros de las Altas Cortes por el Congreso. Problema grave de tráfico de favores. Se necesita una justicia dedicada sólo a administrar justicia, con adecuado presupuesto y con procedimientos ágiles.
Se crearon recientemente juzgados de descongestión, pero sin presupuesto, lo que ha generado aún más demoras, incluso derivadas de dilaciones en producir fallos, porque algunos de estos jueces prefieren que otros tomen las decisiones de fondo.
Capítulo aparte merecen: el fomento a la burocracia del control, que tiende a generar paralelamente varias investigaciones sobre el mismo tema, incluso dobles sanciones; que las reglas procesales cambien velozmente lo que genera incertidumbre sobre la regla aplicable; y que a veces la Corte Constitucional hasta legisla, al interpretar la Constitución. Manteniendo así una alta dosis de inseguridad jurídica.
En fin, faltan recursos económicos, técnicos y humanos para mejorar la administración de justicia. Por esta falencia, la inversión privada tanto local como internacional seguirá comportándose mesuradamente. De igual manera, hay consenso sobre la necesidad de reformar el sistema de administrar justicia; pero, ¿el gobierno tiene la capacidad política para liderarlo en la actual coyuntura?
