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Si bien en el Presupuesto General de la Nación, el sector de la vivienda ha tenido recortes inaceptables, principalmente en la reducción de recursos para los subsidios a la demanda de vivienda nueva; en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 se tomaron decisiones que contribuyen a que el sector inmobiliario y de la construcción de edificaciones tenga incentivos para consolidar su recuperación y ser instrumento de equidad, crecimiento económico y proveeduría de vivienda principalmente en el rango social.
Venimos de dos años largos en caída de la construcción, aunado a los impactos negativos de la reforma tributaria. La Ley 1943 de 2018 introdujo en el estatuto fiscal medidas que afectan las fiducias inmobiliarias, instrumento probado de seguridad para los adquirientes de inmuebles sobre planos; así como también estableció impuesto nacional al consumo a cualquier tipo de enajenación que supere $918 millones en 2019; creando más inestabilidad jurídica al sector. Las cargas excesivas a la edificación formal incentivan la informalidad, la que luego requiere mejoramiento, con mayores costos fiscales.
Para este Gobierno, el principal desafío es la reducción del déficit cualitativo de vivienda, es decir, intervenir tanto las viviendas que no tienen infraestructura de servicios públicos domiciliarios o si los tienen son deficientes, como también las que en su edificación interior no cumplen con las condiciones de ser una vivienda digna, construidas sin licencia de construcción y por ende sin condiciones de habitabilidad y con problemas estructurales para soportar catástrofes naturales.
Siendo una visión correcta, sobre todo por el mejoramiento de infraestructura urbana, la informalidad lo que más requiere es control por parte de las autoridades locales y, fundamentalmente con incentivos a la oferta de la vivienda formal. De alguna manera, priorizar recursos para mejorar la calidad de las viviendas subnormales, le resta importancia al instrumento de la construcción de edificaciones nuevas, que genera la más amplia cadena de valor en la actividad empresarial del país, con un multiplicador en crecimiento económico y en la generación organizada de mano de obra. Además, la vivienda formal es garantía admisible para el crédito hipotecario en la adquisición.
Pues bien, una necesidad reglamentaria para crecer la construcción de vivienda fue resuelta en el Plan de Desarrollo. La Vivienda de Interés Prioritario VIP subió de 70 hasta 90 Smmlv, de aplicación inmediata para todo el país. La Vivienda de Interés Social VIS mantiene su tope en precio equivalente a 135 Smmlv, a excepción de las aglomeraciones urbanas de más de un millón de habitantes, en donde una vez reglamentado por el Gobierno Nacional, subirá a 150 Smmlv, posibilitando crecer la oferta de este tipo de vivienda de estratos medio bajo.
Otro cambio positivo está en acumular la política pública de vivienda, incluida la rural, en el Ministerio de Vivienda. Para incentivar la renovación urbana, la VIS en estas zonas normativas, cuenta con rango más alto, hasta 175 Smmlv. Así, de manera adecuada el Plan reconoce el acceso a la vivienda como un elemento fundamental patrimonial de los hogares.
La política nacional se complementa con la gestión local, siendo ésta el gran desafío para la mejora de la calidad de vida y el control a la informalidad.
