La nueva política de vivienda y el avance en la cobertura de agua potable ha impactado a la mayoría de los municipios del país. Corresponde a un esfuerzo fiscal nunca antes visto. La vivienda está en primera línea en la agenda de la política regional.
El gran cambio corresponde al importante presupuesto de gasto público, que para estos dos rubros supera, para el presente año, la cifra de $10 billones, de los cuales algo más de $5 billones está direccionado a vivienda, incluidas las 100 mil Viviendas de Interés Prioritario VIP gratuitas, para familias en extrema pobreza, lo que corresponde a la fase I del programa.
En relación a esta fase, vale destacar que ha generado eficiencia institucional y mejoras técnicas en la industria de la construcción para la producción de las VIPs, con más de 42 M2 construidos por unidad y tiempos de ejecución en promedio de 10 meses, las que serán pagadas contra entrega de las mismas por el Patrimonio Autónomo que constituyó el gobierno nacional para el efecto.
Como consecuencia de esta nueva política de vivienda se ha creado además un banco de lotes, algunos de ellos de origen estatal y por sobre todo, un apetito de las administraciones municipales para participar en programas de vivienda con impacto social, porque detiene desplazamientos y genera empleo y desarrollo regional.
La fase II del programa corresponde a otras 100 mil viviendas, para estrato popular, focalizada a hogares con ingresos mensuales entre 1 y 1.5 salarios mínimos; acompañado de subsidios otorgados por las Cajas de Compensación Familiar y, subsidio a la tasa de financiación bancaria, con lo cual la cuota de amortización no supera los $220 mil mensuales que corresponde a menos del 30% del ingreso familiar.
Por la novedad del programa de viviendas gratuitas y por la disminución de la actividad edificadora en Bogotá, no se ha destacado en los medios de comunicación el crecimiento de la construcción en las ciudades intermedias del país, que ha contribuido a que este año se estén construyendo cerca de 200 mil viviendas formales, cifra jamás lograda en nuestra patria.
Por otra parte, los restantes $5 billones, corresponden con aportes de la nación para las regiones, donde hay algo más de 250 proyectos en ejecución para mejorar la cobertura de agua potable o proyectar la garantía del abastecimiento en el largo plazo, en gran parte del territorio patrio. Se le suman iniciativas de departamentos y alcaldías en este propósito, con presupuestos propios que complementan este aporte social al desarrollo urbano.
La infraestructura de acueductos es la primera fuente de habilitación de suelo para nuevos desarrollos inmobiliarios; de ahí que el agua potable no solo es una obligación social con los ciudadanos, sino que orienta y contribuye a la planificación urbana.
Las alianzas público privadas son un instrumento mediante el cual el gobierno nacional, los municipios y/o las entidades descentralizadas se pueden asociar con el sector privado, generando escenarios de confianza y mutuo beneficio, que permitan promover proyectos de saneamiento básico, diseño y construcción de nuevas plantas de tratamiento, ampliación o modernización de la infraestructura de servicios públicos.
Como reto colombiano está que se mantenga este nivel de gasto público que equivale al 1% del PIB nacional para este propósito, con lo cual se podrá disminuir por fin el déficit habitacional, se mejora la calidad de vida y la sanidad de los ciudadanos.
