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El área sembrada de coca en nuestro país llegó en 2018 a más de 200.000 hectáreas, según estimaciones de la ONU, lo que equivale a un incremento de más de dos veces en los últimos tres años. Desde 2015, derivado de una providencia de la Corte Constitucional, aunado a una decisión política, se suspendió la aspersión aérea con glifosato, instrumento eficaz para combatir estos cultivos ilícitos. Coincide dicho crecimiento descomunal con la decisión del alto tribunal.
De otra parte, la comunidad científica está dividida sobre la existencia de daños a la salud pública por la fumigación aérea; por ello, el dilema en la respuesta de la Corte frente a la reciente petición del presidente Duque, en el sentido de no limitar las herramientas para eliminar cultivos ilícitos, solicita entonces, autorización para la fumigación aérea como instrumento para la erradicación controlada.
Este herbicida, con diferentes marcas, ha sido utilizado por décadas y de manera segura en la agricultura sostenible. Generalmente en el campo, cuando se renuevan cultivos o se requiere controlar hierbas, se utiliza el glifosato, puesto al mercado inicialmente por la multinacional Monsanto con el nombre de Roundup en los años 70s.
El glifosato es a los cultivos ilícitos lo que la quimio al cáncer. Son instrumentos necesarios para remediar problemas graves de salud con consecuencias menores colaterales. Pero aplicarla sola, no sirve, necesita de alta planeación y estrategia integral. Colombia requiere acabar los narcocultivos como los pacientes mencionados necesitan acabar con las células cancerígenas. La aplicación del herbicida y la quimioterapia, guardadas proporciones, preservan vidas.
Además del crecimiento exponencial del área sembrada en los últimos años, el problema más grave de los narcocultivos en Colombia es la violencia y la corrupción derivada de esa cultura mafiosa. Según el Fiscal General, los homicidios están creciendo un 30% en las zonas que dejaron las Farc, por peleas de grupos ilegales vinculados a territorios y rutas de cultivos ilícitos.
Si bien el consumo de drogas psicoactivas ilícitas y el narcotráfico son un problema global, Colombia está en entredicho por su aporte en el concierto de las naciones, por su extensa área cultivada y por la participación de colombianos en esa cadena. Incluso, algunos analistas afirman que el crecimiento económico de nuestro país se debe, en alguna medida, a esos recursos oscuros que la alimentan.
Para lo doméstico, según estudio de la Universidad del Rosario, la relación entre la corrupción y el narcotráfico es circular, cada uno alienta al otro. Se producen por falta de legitimidad del régimen político, por deterioro de la institucionalidad. Son síntomas y también resultados de problemas sociales más profundos. Además, son fuente de gran violencia.
El Gobierno, de manera adecuada, está proponiendo una política integral de erradicación, que incluye la sustitución y la fumigación con el menor impacto al medio ambiente y sin afectar la salud, la legalidad y a las comunidades. La Corte Constitucional ha sido protagonista en la vida nacional, en ocasiones con fallos o conceptos sorprendentes; de manera que su decisión, que permita o no la fumigación aérea, impactará en esta materia y con certeza en la violencia, el orden público y en la corrupción nacional.
