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Existen circunstancias exógenas a la construcción de vivienda, lo mismo que asuntos del propio sector, que deben ajustarse para que la recuperación que se vislumbra se consolide, advirtiendo que este proceso se está dando con letargo y a ritmos diferentes por regiones, lo que implica que se requiere, no solo mantener políticas públicas nacionales de largo aliento, sino también ejecuciones gubernamentales y decisiones locales inmediatas.
La política pública de vivienda, como política de Estado, es un probado instrumento de crecimiento económico y de equidad social; mantener incentivos a la construcción de vivienda y subsidios a la demanda hacen posible la adquisición de nuevas viviendas formales. Está demostrado que estos recursos públicos se revierten con creces en empleo, desarrollo económico, estabilidad patrimonial para los adquirentes, lo mismo que en impuestos e ingresos para los gobiernos nacional y locales. Los recortes presupuestales y la presión fiscal, que están a la orden del día, van en contravía de esta necesidad.
La planificación de mejores ciudades y la construcción de infraestructura, como está ocurriendo en varias ciudades, siendo un buen ejemplo Barranquilla; así como los más de $60 billones que recibirá en obras este año Bogotá, son símbolos de esperanza. El futuro de Colombia está ligado al mejoramiento de sus ciudades. Para el caso de la capital, su nuevo POT reconoce la existencia de la Ciudad Región, concibiendo la interacción con sus municipios vecinos, además, busca optimizar el territorio y mejorar la calidad de vida.
Esa nueva visión de ciudad crea una oportunidad para consolidar la renovación urbana, con generación de mayor espacio público y densificación. La actual renovación del Centro Histórico y del Centro Internacional de Bogotá, lo mismo que grandes obras en sitios estratégicos, la valoriza y la hace más atractiva internacionalmente.
Cerca de la tercera parte de las actividades productivas en Bogotá se desarrollan en sitios donde la norma urbana actual no lo permite; desfase inaceptable. El nuevo POT contempla que paulatinamente esa realidad económica y social se ajuste en la ciudad de manera coherente, permitiendo de forma planificada la mezcla de usos del suelo.
Ahora bien, con los buenos ejemplos de la Bogotá actual y de la Barranquilla de la última década, es evidente que los municipios requieren contar con recursos para inversión social y su desarrollo, pero no los debería recaudar de forma alcabalera, con cobros excesivos de contribución por valorización, que si bien corresponde a recaudo con destinación específica, la misma se podría suplir con ingresos corrientes que incluyan recaudos a la actividad informal que evade impuestos; y el predial, importante fuente de ingreso corriente del presupuesto municipal, con alzas que no reflejan la situación económica de los hogares.
Es el caso de Bucaramanga, que con la actualización catastral, el predial se subió prácticamente al doble; hay que corregirlo; siendo una alternativa, un Acuerdo Municipal que le coloque tope al incremento del impuesto respecto del año anterior, por ejemplo del 20%, evitando así el abuso y el desestímulo a la inversión en finca raíz. A su turno, es un símbolo de esperanza que la ciudadanía y hasta el propio alcalde Hernández estén en plan de colaborar para corregir este atropello. El Concejo tiene la palabra.
