Las mujeres invisibles

Hasta 2004, en el Salón Elíptico del Congreso, las honorables representantes a la Cámara entraban al baño de los hombres como “Pedro por su casa”. No se trataba de acoso sexual o de voyerismo parlamentario, sino que no existía baño para ellas. Ninguno de los cuatro arquitectos que diseñaron y rediseñaron el Capitolio, en construcción desde 1847 hasta 1926, vio la necesidad de servicios sanitarios para el sexo femenino.

El siglo XX pasó casi en blanco en cuanto a “Madres de la Patria”. El Senado jamás fue presidido por una mujer, y solo en 2005 con Claudia Blum se llegó a esa posición. En la Cámara, el hecho fortuito de la renuncia de Armando Pomarico en 1999 llevó a que una mujer presidiera a los honorables representantes. Nancy Patricia Gutiérrez brilló como la única presidenta de la Cámara en todo un siglo.

Solo en 1991 hubo por primera vez una cancillera (Noemí Sanín), y apenas en 2002 otra mujer (Marta Lucía Ramírez) manejó la seguridad nacional desde el Ministerio de Defensa. Sin embargo, siguen blanqueadas en la cartera de Interior y en la de Hacienda, con lo cual es claro que se les ha confiado el manejo de las relaciones exteriores y hasta de la guerra, pero no de la política ni de la plata. Tampoco ha habido una Procuradora ni una Defensora del Pueblo, y hubo una fiscal pero apenas duró 13 meses. Casi podría decirse que el marido la tumbó del puesto.

Esta semana dos noticias volvieron a poner sobre el tapete el muy trillado, recurrente y cacareado tema de la deuda que tiene el país con sus mujeres. Una, la divulgó el BID cuando afirmó que ellas siguen ganando 17% menos que los hombres en promedio, en cargos de total equivalencia horizontal. La otra, la entregó un estudio de la corporación Plan en el cual se denuncia que de cada 10 casos de acoso sexual, 8 involucran como víctimas a menores de edad del sexo femenino.

La deuda, entonces, sigue vigente y su pronóstico no parece mejorar de forma radical. Y no puede mejorar mientras la participación femenina en el manejo del Estado siga siendo de las más pobres de América Latina, y Colombia continúe llegando entre los últimos a las transformaciones necesarias. Pocos saben, por ejemplo, que cuando el país aprobó el sufragio universal en 1954 era la penúltima nación que faltaba por hacerlo en el subcontinente, solo por encima de Paraguay, que apenas lo permitió en el 61. Ecuador lo había puesto en práctica 25 años antes que nosotros. Lo mismo ocurrió con la famosa Ley 581 del 2000, que exige presencia femenina de al menos un 33% en todos los cargos de nombramiento, incluidas las ternas. En el grupo de estados que tienen esta legislación, Colombia arribó de última, junto a Honduras. Y quedó pendiente otra norma que obligara la presencia femenina en cargos de elección popular. Apenas el año pasado se logró sacar adelante la Ley 1475 que estipula como mínimo un 30% de mujeres en las listas que presenten los partidos a consideración de los votantes.

El mejor ejemplo de que es escasa la voluntad para modificar este grave vacío femenino en la política es que la Ley 581 fue realidad luego de seis intentos a lo largo de siete años, y con la 1475 se forcejeó 14 veces en ocho años. Esto hace que las mujeres en el Senado hoy sean apenas un 15,6% y en la Cámara un 12,6%. En esta última, 17 de los 32 departamentos no tienen ni una sola representante en el Congreso. En los concejos municipales de los 1.066 pueblos de Colombia (excluyendo capitales) las concejalas apenas llegan a un 5,2%.

La comparación con otros países deja a Colombia mal parada. Argentina aprobó ley de cuotas en el 91 y pasó de dos senadoras en 1992 a 25 en la actualidad. Hoy el 42% del Congreso argentino es femenino. Perú tiene ley desde 1997 y pasó de 11%  de legisladoras a un 29,2% en el momento.

Algo que hace más aberrante esta situación es que las mujeres colombianas se están preparando más que los varones. Según datos del Ministerio, en las universidades del país casi el 54% son alumnas, contra 46% de alumnos.

Con todo, lo más grave es que la ausencia femenina en los asuntos claves de lo público es algo que el colombiano promedio ni siquiera nota, ni constituye un problema ni un motivo de asombro. Por eso, para casi nadie es extraño que Bogotá, Medellín o Cali nunca hayan tenido una alcaldesa, y que en la actual mesa de negociación entre el Gobierno y las Farc sean diez varones y ninguna mujer los que estén decidiendo si puede haber paz en el país.