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El camino de incertidumbre que marcó el inicio de la pandemia no se fue con el 2020. Seguimos transitándolo con la llegada de 2021, que comenzó con la renovación de varias medidas y restricciones adoptadas por los gobiernos nacional y locales, muchas de las cuales fortalecen el poder del Estado, restringen las libertades individuales y generan nuevas tensiones para la democracia.
Y es que el tránsito hacia la nueva normalidad ha estado marcado por un fortalecimiento del poder coercitivo. Los ciudadanos han confiado el manejo de la crisis al Estado y sus gobernantes, lo que se ha traducido en una amplia aceptación y conformismo a las medidas adoptadas para la prevención de la pandemia: cuarentenas estrictas, restricción de la movilidad, toques de queda, nuevas herramientas de monitoreo, entre otras que vuelven a regir en la mayoría de regiones del país.
De acuerdo con un informe de la Veeduría Distrital de Bogotá de agosto de 2020, con base en cifras de la Policía de ese año, 80% de los comparendos impuestos a diario fueron por incumplir las normas relacionadas con el covid-19, como el uso del tapabocas, la violación del pico y género, y salir a la calle sin justificación, entre otras. Un enfoque de seguridad y protección de arriba hacia abajo, que ha desplazado un mayor empoderamiento de los ciudadanos.
Lo anterior contrasta con la histórica ausencia de un Estado capaz de proveer los bienes públicos que demanda la sociedad, más aún en medio de la difícil situación económica y la profundización de la desigualdad, producto de la pérdida del empleo, cierre de empresas, contracción de la demanda y, en general, de la ralentización del aparato productivo, que ha afectado a los ciudadanos de manera distinta, dejando al descubierto condiciones de inequidad y presencia diferenciada del Estado en el territorio.
Es probable que bajo circunstancias habituales, estas medidas no hubieran logrado la aceptación sin condicionamiento de la sociedad, pero esa es la naturaleza de las emergencias, conlleva a la adopción de normas que en otros escenarios serían impensables.
El problema de fondo radica en que no hay claridad aún sobre las consecuencias que podría tener el otorgarle mayores poderes a actuales o a futuros gobernantes, y que podrían ser usados en escenarios distintos a la pandemia. Asimismo, un segundo desafío tiene que ver con que para algunos líderes, el poder coercitivo podría resultarles más efectivo -y atractivo- como medio para alcanzar sus objetivos y lograr la obediencia y conformidad de la sociedad, la cual puede basarse, como indicaba Weber, en la habitualidad, el miedo al castigo y la efectividad de la ley.
Este contexto podría generar una sociedad inconforme, por el mayor poder del Estado, las falencias en la comunicación, la infantilización y la pérdida de libertades a las que han sido expuestos los individuos. Esto sin contar todos aquellos que quedan propensos a un nuevo coletazo económico por el paquete de medidas adicionales.
Lo anterior constituye una mezcla de factores que deja abierta la puerta a una radicalización del electorado hacia proyectos políticos de carácter populista que pueden surgir en medio del camino de incertidumbre que estamos transitando, más aún en un año preelectoral. Por tanto, vale la pena anticiparse y pensar en los caminos que tenemos como ciudadanía, para elegir los líderes en quienes confiaremos en esta nueva -y permanente- normalidad y quienes deberán equilibrar los actuales desbalances entre el bienestar colectivo y de los individuos.
