El derecho de las cosas

Modernizar los procesos del sistema judicial colombiano debería ser un propósito nacional. A nadie le conviene tanta ineficiencia en la administración de justicia. ¿Por qué ignorar la tecnología y sus soluciones?

“La justicia cojea, pero llega”, dice el viejo adagio. Sin embargo, en Colombia sus problemas motrices son de tal magnitud que en la actualidad los casos jurídicos represados ya se cuentan por millones. Hay casi 3 millones de casos atrasados y en un limbo jurídico sin precedentes, producto de un sistema judicial técnicamente diseñado para el siglo XXI, pero con procesos, procedimientos y sistemas del XIX. Y ahora en paro. Eso en un país democrático, donde el acceso a la justicia es un derecho fundamental de todo ciudadano, no tiene presentación.

Es tiempo de poner las cosas al derecho en el sector, y dar por fin unpaso adelante hacia la modernidad. Las nuevas arquitecturas tecnológicas garantizan lo que cualquier sistema judicial del mundo requiere para ser efectivo y eficaz. Es decir, transparencia, cumplimiento de términos, confidencialidad, procesos en línea, agilidad y seguridad; valores que solo pueden redundar en beneficios tangibles para cualquier sociedad con pretensiones de ser justa.

El sistema judicial nuestro está inspirado en el estadounidense, donde la tecnología hace parte fundamental de su funcionamiento. Así que la base teórica está y es de avanzada; pero la tecnológica sigue en pañales. ¿Y cuáles son las razones? Desconocimiento del tema, falta de voluntad política de gobiernos anteriores y pocos líderes que impulsen la causa.

Estamos hablando de un cambio que pisa demasiados callos. Por eso los retos para el Gobierno actual, en materia de administración de justicia, son enormes. Y más aún cuando la solución -que parece tan obvia- pasa por sistematizar volúmenes astronómicos de información e interconectar entidades involucradas; darle a la tecnología el lugar que merece como herramienta indispensable; algo en lo que el presidente Santos ha sido enfático y evidencia en sus políticas de inclusión digital y apropiación de la tecnología.

El papel de la justicia no se puede quedar literalmente en el papel, y debe trascender hacia procesos operativos acordes con los nuevos tiempos. Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, los archivos de los procesos no estén digitalizados para su consulta inmediata y protección; que un testimonio grabado deba ser transcrito, en vez de oído o visto directamente; que un testigo no pueda dar su testimonio vía remota; que los implicados no puedan saber en tiempo real el estado de sus procesos, y que los plazos existan y no se cumplan. Es inadmisible que la tecnología no haya sido puesta aún -en su total extensión- al servicio del sistema judicial colombiano.

No será un proceso fácil, pues es un sector acostumbrado al manejo físico de las cosas . Pero como “no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista”, en Colombia son cada vez más fuertes las voces a favor de tecnificar la justicia. Por un lado, la evidencia internacional avala dichos sistemas; por otro, las nuevas generaciones comienzan a gestar un natural cambio cultural en ese sentido. Afortunadamente el Gobierno, a través de su Ministerio de las TIC, avanza ya rumbo a establecer acuerdos con las Cortes para modernizar por fin el sistema judicial colombiano. Porque ese debe ser un reto y una causa nacional.